Las nacionalidades para las que se ha impuesto el Visado de Tránsito Aeroportuario (VTA) incluyen Rusia, Sudán, Egipto, Kenia, Senegal y otros
El Ejecutivo rechaza que el aeropuerto de Barajas esté al borde del colapso por la llegada masiva de Menas.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno asegura que exige visados de tránsito cuando detecta un “abuso de tránsito” desde determinados países. Las nacionalidades para las que se ha impuesto el Visado de Tránsito Aeroportuario (VTA) incluyen Rusia, Sudán, Egipto, Kenia, Senegal y otros.
El Ejecutivo anuncia que próximamente se pedirá también VTA para los nacionales de Vietnam. Según el Gobierno, esta medida “erradica el problema”, tanto para adultos como para menores no acompañados.
Afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad gestionan correctamente la llegada irregular de inmigrantes.
El Gobierno remarca que, a 31 de diciembre de 2024, había 16.041 menores extranjeros no acompañados bajo tutela pública. Europa En concreto, responde a las críticas de Vox, que alertaba de un “verdadero colapso” en Barajas por menas.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, denunció el año pasado un desbordamiento real en las salas de asilo. Lastra habló de un “verdadero colapso del sistema” por la entrada sin control de menores a través del aeropuerto.
Informes de la fiscalía aseguran que en 2024 llegaron 1.937 menores no acompañados, 1.110 de ellos por Barajas.
Este volumen triplica los casos registrados en 2023, cuando fueron 399, según la fiscalía.
Se alerta además del desbordamiento de infraestructuras: la sala de asilo no tiene recursos humanos suficientes.
La fiscalía advierte también de retrasos graves: pruebas radiológicas para determinar la edad de menores llevan hasta 8 meses. A pesar de la crisis denunciada por la fiscalía, el Gobierno mantiene que sus controles y visados son suficientes para cortarla.
Critica que algunos usan la situación como arma política contra el Ejecutivo, en vez de abordar la raíz estructural. Con los visados, asegura que reduce la llegada irregular desde países considerados de alto riesgo de tránsito.
En su defensa, el Gobierno destaca su responsabilidad: tutela, seguridad y coordinación con otras administraciones. No obstante, opositores insisten en que la estrategia del Ejecutivo oculta un fracaso real en la gestión de menores.
