Junts, pasó de rechazar enérgicamente el reparto de menores migrantes llegados a Canarias a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez, condicionando su apoyo a mayores competencias autonómicas. La reforma de la Ley de Extranjería podría ser el eje central de un acuerdo. Que algunos califican de trueque político, más que de solución a la crisis migratoria.
El Ejecutivo busca cerrar filas con Junts para sacar adelante un mecanismo legal que permita la distribución obligatoria de Menas entre las comunidades autónomas. Este pacto, que podría concretarse esta misma semana, ha desatado fuertes críticas, por lo que muchos consideran una instrumentalización política de la crisis humanitaria.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que las conversaciones con Junts llevan más de un año. Según Torres, el Gobierno está dispuesto a avanzar en la descentralización administrativa como parte de su modelo territorial. Aunque evitó aclarar si estas negociaciones incluyen el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, una de las principales demandas de Junts.
"Estamos en un Estado autonómico en el que la descentralización es una realidad. Hay quienes apuestan por centralizar servicios, pero nosotros no", afirmó Torres en una entrevista. Sin embargo, esta afirmación contrasta con las sospechas de que el Ejecutivo estaría entregando competencias clave como moneda de cambio para garantizar su supervivencia política.
Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ya adelantó que la transferencia de competencias en inmigración está "al caer". Durante un debate parlamentario, Illa celebró la posibilidad de que Cataluña gestione directamente estas competencias. Abriendo la puerta a que los Mossos d’Esquadra asuman roles en puertos y aeropuertos.
