Europa Press El Gobierno de Mazón recurre ante el Supremo el reparto de menas
El Ejecutivo de Mazón denuncia que se trata de una medida impuesta, sin diálogo previo ni consenso con las comunidades autónomas afectadas
El Gobierno de Carlos Mazón ha aprobado recurrir ante el Supremo el reparto de menores migrantes no acompañados impuesto por el Ejecutivo central.
La Abogacía de la Generalitat interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 658/2025, aprobado el 22 de julio. Así lo ha anunciado Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y portavoz del Gobierno valenciano, tras un pleno extraordinario celebrado este martes.
El Consell considera que el decreto es “unilateral” e “invade” las competencias de la Generalitat en materia de protección de menores. Camarero ha detallado que el recurso es contra la norma que desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, también impugnado por la Generalitat. En abril, el Gobierno valenciano ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, por violar el reparto competencial.
La Generalitat alega que se está vulnerando el sistema de reparto de competencias fijado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
El Ejecutivo de Mazón denuncia que se trata de una medida impuesta, sin diálogo previo ni consenso con las comunidades autónomas afectadas. La vicepresidenta ha recordado que la acogida de 571 menores asignados a la Comunidad Valenciana tendrá un coste que no está cubierto.
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El Gobierno central ha destinado 7,4 millones de euros para los tres primeros meses, lo que supone apenas 35 euros diarios por menor.
Este importe contrasta con los 219,85 euros al día que invierte el sistema valenciano por cada menor atendido en sus instalaciones.
“Rompe el principio de autonomía financiera”, ha señalado Camarero, al advertir que no se aportan fondos suficientes para asumir la medida. Además, ha criticado que el decreto no está justificado ni negociado, y que los criterios de reparto son arbitrarios e injustos.
Según Camarero, no se explica por qué el País Vasco y Cataluña no reciben ningún menor, mientras que la Comunidad Valenciana acoge 571. Desde el Consell sostienen que el reparto vulnera el principio de equidad y carga a unas autonomías mientras exime a otras sin motivos.
El Ejecutivo valenciano considera que esta actuación atenta contra el sistema autonómico y crea un precedente muy peligroso.
Camarero ha reiterado que la Generalitat no se opone a la solidaridad, sino al “impuesto sin acuerdo” de responsabilidades y gastos. La vicepresidenta ha defendido que la Comunidad Valenciana lleva años cumpliendo con sus deberes en acogida de menores no acompañados. El Gobierno de Mazón exige una financiación adecuada, un sistema equitativo de reparto y que se respete la legalidad competencial vigente.
Por ello, insisten en que el recurso ante el Supremo es “necesario” para defender los intereses de la autonomía y el bienestar de los menores.
El Consell ya prepara la documentación jurídica para formalizar el recurso contencioso administrativo en los próximos días ante el tribunal.
Desde el Gobierno valenciano se pide al Ejecutivo central que reconsidere el decreto y abra un proceso real de negociación con las CCAA.
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