El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que no revisa de forma directa los posibles fraudes en los cambios de sexo y que esa responsabilidad recae en el Registro Civil. Unas declaraciones que además llegan acompañadas de otro dato relevante: la administración no dispone de información sobre solicitudes denegadas, ya que "no se recogen en la aplicación informática".
La respuesta del Ejecutivo se produce tras una batería de preguntas formuladas por diputados de Vox, que solicitaron datos sobre el número de cambios de sexo, posibles fraudes y solicitudes rechazadas en los últimos años.
En su contestación por escrito, el Gobierno confirma que en 2025 se han registrado un total de 5.148 cambios de sexo. Sin embargo, evita concretar cuántos de estos casos pudieron ser fraudulentos o cuántas solicitudes fueron rechazadas.
El control queda en manos del Registro Civil
El Ejecutivo sostiene que la detección de posibles fraudes corresponde al encargado del Registro Civil, que es quien debe valorar cada caso concreto. Aunque este órgano depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, actúa con independencia funcional.
En la práctica, esto implica que el Gobierno no realiza un seguimiento directo ni centralizado de estos procesos. Cada solicitud se tramita de forma individual en las oficinas del Registro Civil, sin que exista un control global desde la administración.
Además, el propio Ejecutivo reconoce que no se dispone de datos sobre denegaciones, ya que no quedan registradas en el sistema informático. Esto dificulta conocer el alcance real de posibles irregularidades.
La polémica sobre la Ley Trans y el uso fraudulento
Desde su aprobación, la conocida como Ley Trans ha estado rodeada de debate sobre su posible uso fraudulento. Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de que se utilice el cambio de sexo para acceder a beneficios o evitar determinadas consecuencias legales.
El Gobierno defiende que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para evitar estos abusos. En concreto, remite al Código Civil, que prohíbe el fraude de ley y exige que los derechos se ejerzan conforme a la buena fe.
Sin embargo, la falta de datos concretos y de un control centralizado vuelve a situar en el foco la aplicación real de la norma. Con este escenario, la respuesta del Ejecutivo deja una cuestión abierta: hasta qué punto existen mecanismos efectivos para detectar y evitar un uso indebido de la ley.
