El Gobierno inicia el traslado de los ''menas'' de Canarias a la Península

El Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península. El primer grupo, formado por diez 'solicitantes de asilo', comenzó su viaje hacia una comunidad no revelada. Según el Gobierno canario, se evita informar del destino para salvaguardar la identidad y seguridad de los menores.

Este proceso cumple con un auto del Tribunal Supremo emitido en junio para adoptar medidas urgentes. El auto instaba a actuar ante los más de mil menores no acompañados solicitantes de asilo que permanecían en Canarias.

Los menas se encontraban en centros como el estatal Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria.

Se prevé que los traslados se realicen cada semana, priorizando recursos pequeños de titularidad estatal. El objetivo, según las autoridades, es garantizar la integridad, el bienestar y el interés superior del menor. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que se planea derivar unos 30 menores semanalmente.

Sin embargo, advirtió de "cierta improvisación" al no haberse comunicado los nombres de próximos traslados.

Clavijo señaló que, además de los diez ya trasladados, esta semana saldrán otros menores, previsiblemente jueves o viernes. Afirmó que aún no se había confirmado la identidad de los niños incluidos en esa segunda remesa.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que los primeros diez menores ya viajaban. Indicó que el traslado se hace con rigor, compromiso y sin improvisaciones, en coordinación con Canarias.

Torres subrayó que se acompaña a los menores en todo momento, garantizando su derecho superior. Aseguró que el Gobierno cumple así con el mandato judicial y con la situación de saturación en Canarias. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, expresó satisfacción por la cooperación entre administraciones.

Destacó que se han celebrado reuniones semanales para fijar procedimientos que garanticen el bienestar de los menores. Cancela insistió en que el proceso no se improvisa, sino que se pacta con soporte procedimental y presupuestario. Recordó la declaración de emergencia que destina 40 millones para 1.200 plazas de traslado a la Península.

Señaló que existe interlocución permanente con las comunidades autónomas que recibirán a los menores trasladados. También explicó que en la primera acogida se realiza una valoración y entrevista individualizada a cada menor.