IDRA comparte figuras relevantes con el movimiento de inquilinos y ha recibido ayudas de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y dos ministerios
IDRA, el Institut de Recerca Urbana de Barcelona, ha recibido más de 1,5 millones de euros en ayudas públicas entre 2022 y 2026 mientras mantiene estrechos vínculos personales y de colaboración con el Sindicato de Inquilinas de Cataluña. Así lo revela este jueves una investigación exclusiva de The Objective, basada en datos oficiales del Ministerio de Hacienda. La mayor parte del dinero procede de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.
En concreto, ambas administraciones han destinado conjuntamente 1.327.078,92 euros a IDRA durante ese periodo. A esa cantidad se suman 6.000 euros procedentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y otros 174.029,48 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El resultado eleva la financiación pública recopilada por el citado medio hasta los 1.507.108,40 euros.
La cifra contrasta con las ayudas recibidas directamente por el Sindicat de Llogateres, que, según los mismos datos, obtuvo una subvención de 5.210 euros de la Generalitat en 2024. La documentación analizada no acredita que IDRA y el sindicato mantengan una relación institucional de dependencia ni que las subvenciones concedidas al instituto hayan sido transferidas posteriormente al colectivo.
Las conexiones entre IDRA y el Sindicato de Inquilinas
Los vínculos entre ambas organizaciones aparecen, sin embargo, en sus propios equipos y actividades. Jaime Palomera, uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, ejerce actualmente como director del área de Vivienda y Ciudad de IDRA. Por su parte, Carme Arcarazo, portavoz del sindicato catalán, figura en la plantilla del instituto como investigadora y técnica de proyectos.
La relación también se observa en trabajos desarrollados conjuntamente. La propia página de IDRA recoge investigaciones realizadas en colaboración con el Sindicat de Llogateres, entre ellas estudios sobre el mercado del alquiler y el impacto de las inmobiliarias en Barcelona y Madrid.
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña destinan 1,5 millones a una entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas
IDRA se define como una organización dedicada a la investigación urbana y a promover alianzas entre el sindicalismo social, el ecologismo y la acción pública. Su página oficial defiende, entre otros planteamientos, ampliar el control social de la inversión y desarrollar políticas destinadas a intervenir sobre el acceso a la vivienda.
The Objective señala además que la entidad figura inscrita en el registro de grupos de interés de la Generalitat, una categoría que incluye organizaciones capaces de intervenir directa o indirectamente en los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas.
Las ayudas salen a la luz en plena presión por los decretos de vivienda
La información se conoce en plena movilización de los sindicatos de inquilinos por las nuevas medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno. El Sindicat de Llogateres de Cataluña ha pedido públicamente a los grupos parlamentarios que respalden los dos decretos que llegan este viernes al Congreso, participando así activamente en el debate sobre unas normas que afectan al mercado del alquiler.
La financiación de IDRA no implica por sí misma financiación directa del Sindicato de Inquilinas. Sí refleja que una organización que comparte integrantes destacados y proyectos con el movimiento de inquilinos ha recibido más de 1,5 millones de euros de distintas administraciones públicas desde 2022.
Según la investigación de The Objective, la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona concentran la mayor parte de esas aportaciones, mientras dos departamentos del Gobierno central completan la cantidad. La revelación pone así el foco en el volumen de fondos públicos destinados a una entidad que participa activamente en investigaciones y propuestas relacionadas con una de las cuestiones que actualmente protagonizan el debate político: la regulación de la vivienda y del mercado del alquiler.
