La aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán llega en un momento de máxima exigencia económica, pero también de evidente debilidad en la gestión fiscal. El Ejecutivo busca trasladar una imagen de control ante la crisis internacional, aunque lo hace sobre una estructura presupuestaria cada vez más cuestionada por su falta de actualización y coherencia.
España sigue operando con unos Presupuestos Generales prorrogados desde 2023, una situación excepcional en el contexto europeo que refleja la incapacidad del Gobierno para articular una mayoría parlamentaria. Lejos de corregir esta anomalía, el Ejecutivo ha optado por gobernar al margen de unas nuevas cuentas, apoyándose en ajustes continuos que evitan el debate político de fondo.
En este contexto, la estrategia del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez genera crecientes críticas por su carácter reactivo. La adopción de nuevas medidas vinculadas a un conflicto internacional de alto impacto como la guerra de Irán evidencia la ausencia de una planificación económica sólida, lo que alimenta la percepción de improvisación en la toma de decisiones.
Un modelo de gasto basado en parches y sin control efectivo
Desde 2023, el Gobierno ha incrementado el gasto público en cerca de 60.000 millones de euros sin haber aprobado nuevos Presupuestos. Este aumento no responde a una estrategia económica definida, sino a una sucesión de modificaciones presupuestarias que ya superan los 150.000 millones de euros, utilizadas como herramienta para sortear la falta de respaldo parlamentario.
Esta forma de gestionar las cuentas públicas reduce significativamente los niveles de control y transparencia. Las modificaciones de crédito permiten redistribuir recursos sin el escrutinio exhaustivo que exige la aprobación de unos Presupuestos, lo que debilita el papel del Parlamento y concentra la toma de decisiones en el Ejecutivo.
Además, esta dinámica ha consolidado un modelo de gestión basado en la urgencia y no en la previsión. En lugar de anticiparse a los riesgos económicos derivados del contexto internacional, el Gobierno actúa a posteriori, adaptando unas cuentas obsoletas a golpe de decreto. Esta práctica no solo genera incertidumbre, sino que cuestiona la credibilidad de la política económica española en un entorno cada vez más exigente.
Más presión fiscal y menos margen ante una crisis internacional
El aumento del gasto se ha financiado principalmente mediante un fuerte incremento de la recaudación tributaria, que ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento de los ingresos públicos se ha producido en paralelo a una mayor presión fiscal, lo que ha generado malestar en amplios sectores económicos.
La gestión de María Jesús Montero es especialmente cuestionada en este punto. El recurso constante a los ingresos fiscales para sostener el gasto, sin una reforma estructural del sistema ni un ajuste del gasto ineficiente, evidencia una política económica centrada en recaudar más en lugar de gestionar mejor.
En este escenario, la guerra de Irán pone a prueba la solidez de las cuentas públicas. El incremento del gasto en defensa y las posibles consecuencias económicas del conflicto encuentran a España sin un margen fiscal claro y sin un plan presupuestario actualizado. La combinación de mayor gasto, alta presión fiscal y ausencia de planificación sitúa al país en una posición vulnerable, donde cualquier shock externo puede amplificar los desequilibrios ya existentes.
