La gestión del gasto público del Gobierno volvió a generar una intensa polémica en 2022 tras salir a la luz una reasignación presupuestaria que afectó directamente a los fondos destinados a la reparación de catástrofes naturales. Ese año, el Ejecutivo acordó retirar 50 millones de euros de una partida prevista para atender emergencias y siniestros con el fin de destinarlos a la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Canarias, una decisión que coincidió con los retrasos en la llegada de ayudas a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.
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La modificación quedó reflejada en una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y Compromís durante la tramitación presupuestaria. En el documento se recoge una baja de 50.000.000 de euros en la partida destinada a la “reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de emergencia”, y una alta por el mismo importe destinada a la “Comunidad Autónoma de Canarias para atención a menores inmigrantes”. La operación se articuló mediante transferencias entre administraciones públicas.
La reasignación se produjo en un contexto especialmente sensible. Apenas un año antes, en septiembre de 2021, el volcán de Cumbre Vieja había devastado amplias zonas de La Palma, dejando miles de afectados, viviendas destruidas y explotaciones agrícolas sepultadas por la lava. A lo largo de 2022, numerosas familias seguían denunciando la lentitud administrativa y la insuficiencia de las ayudas prometidas para la reconstrucción.
Desde distintos ámbitos se cuestionó entonces que el Gobierno optara por detraer fondos de una partida finalista destinada a catástrofes, precisamente cuando seguían abiertas las heridas de una de las mayores emergencias naturales de la historia reciente de España. Las críticas no se centraron tanto en la necesidad de atender a los menores inmigrantes, una realidad que afecta de forma directa a Canarias, sino en la decisión de financiar esa atención a costa de reducir los recursos disponibles para emergencias.
La reasignación de fondos
El Ejecutivo justificó la medida por la presión migratoria que soportaba el archipiélago y la necesidad de reforzar de manera urgente los recursos autonómicos para la acogida de menores. Sin embargo, la reasignación alimentó el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno y sobre el uso de modificaciones de crédito para alterar el destino original de partidas aprobadas por las Cortes.
Especialistas en política presupuestaria recordaron que este tipo de operaciones son legales, pero advirtieron de que su uso reiterado puede vaciar de contenido el control parlamentario y desdibujar los compromisos adquiridos con determinados territorios. En el caso de La Palma, asociaciones de afectados interpretaron la retirada de fondos como una señal de desatención institucional en plena fase de reconstrucción.
Aunque la reasignación se produjo en 2022, antes de episodios posteriores como la DANA, el debate sigue vigente. La decisión puso de manifiesto cómo, en un escenario de recursos limitados, cada euro reasignado implica elegir ganadores y perdedores. Y en aquel momento, muchos palmeros sintieron que las prioridades del Gobierno no estaban donde más se necesitaban.
