El Gobierno concedió millonarias ayudas a la empresa que está detrás de la baliza V16
El dineral que ha destinado el Gobierno a las balizas
porEDATV
politica
Netun Solutions SL habría recibido más de 2,2 millones de euros en múltiples subvenciones y avales del Ejecutivo
La empresa gallega que puso en el mercado la baliza V16, el dispositivo luminoso que la DGT ha establecido como obligatorio genera debate. Ha obtenido múltiples subvenciones y avales del Ejecutivo socialcomunista. La obligatoriedad de este producto, unida al volumen de subvenciones y avales recibidos, ha generado críticas por parte de varios partidos de la oposición.
Desde 2022, Netun Solutions se ha beneficiado de dichas contribuciones cuya procedencia corresponde a diferentes organismos públicos. La primera ayuda, de 10.000 euros, fue concedida por Red.es dentro del programa Kit Digital, destinado a la digitalización de pequeñas empresas.
Marlaska acorralado
A lo largo de ese mismo año, recibió tres avales del Instituto de Crédito Oficial sumando 520.000 euros. Todo ello derivado del apoyo económico de la guerra en Ucrania. También obtuvo una ayuda de 3.478 euros del Ministerio de Industria y Turismo para el fomento de patentes y modelos de utilidad.
En 2023, la empresa se benefició de un aval del ICO de 1,2 millones de euros, vinculado al plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Ese mismo año, la Oficina Española de Patentes y Marcas pagó algo más de 5.000 euros a la compañía gallega.
Por último, en 2024 se concedió a Netun Solutions un nuevo aval de 530.000 euros. En total, estas ayudas suman más de 2.2 millones de euros.
Marlaska debe hacer frente a una mala noticia
Partidos de la oposición han reaccionado con dureza a estas cifras. Esteban González Pons, portavoz en el Parlamento Europeo del Partido Popular, ha denunciado que la imposición de la baliza V16 supone un gasto injustificado. Uno que recae sobre los ciudadanos y que beneficia indirectamente a la empresa fabricante:
Un gobierno manchado por la corrupción nos obliga a comprar una medida de seguridad que pagamos nosotros. Y que nos obliga a pagar un impuesto indirecto que le supone al gobierno recaudar 300 millones de euros más solo por el IVA.
Por su parte Vox también ha criticado la obligatoriedad del dispositivo, recalcando que la medida carece de un análisis económico riguroso:
Sánchez impone otro gasto adicional a millones de familias que no cuenta, además, con una justificación técnica ni sólida.
Así lo ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.
