El Gobierno cambiará el Estatuto Fiscal sin tocar a García Ortiz

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. El objetivo declarado: reforzar su independencia. El cambio más destacado es que el mandato del fiscal general será de cinco años, no renovable, y no coincidirá con la legislatura del Gobierno. 

Además, se establece que las comunicaciones entre el Ejecutivo y el fiscal general deben ser públicas, escritas y registradas. También se prohíbe que el Gobierno solicite a la Fiscalía actuaciones en casos específicos, buscando evitar injerencias políticas 

Sin embargo, la reforma no afecta al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, investigado por revelación de secretos. García Ortiz fue imputado por presuntamente filtrar correos electrónicos relacionados con una causa judicial en curso. 

El Tribunal Supremo abrió una causa contra él, convirtiéndolo en el primer fiscal general investigado formalmente por la justicia. A pesar de las críticas y peticiones de dimisión, García Ortiz ha decidido mantenerse en el cargo 

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y se aplicará al próximo nombramiento en 2027. Asociaciones de fiscales y jueces han reaccionado de forma dispar: algunas critican la reforma como simbólica o insuficiente. 

Otras valoran positivamente el refuerzo de la autonomía del Ministerio Público y la transparencia en sus relaciones con el Gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido la reforma como un paso hacia la despolitización de la Fiscalía.elconfidencial.com

Sin embargo, la oposición y algunas asociaciones consideran que no se han incluido suficientes mecanismos de control.  La reforma también transfiere al fiscal general competencias en nombramientos y sanciones de fiscales, que actualmente están en manos del Gobierno. 

Asimismo, empodera a la Junta de Fiscales para resolver discrepancias y establece que todas las comunicaciones con el Gobierno sean públicas.  Otro cambio relevante es la preparación de la Fiscalía para asumir la dirección de la instrucción penal. 

Se implantará un sistema de recusaciones equiparable al de los jueces y se regulará la financiación y control de las asociaciones de fiscales.  Estas medidas buscan fortalecer la autonomía del Ministerio Público en el nuevo contexto judicial. 

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa había recomendado estas reformas para reforzar la independencia de la Fiscalía.  Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido criticada por su demora y por no aplicarse al actual fiscal general.

La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han expresado su descontento con la reforma.  Consideran que no incluye suficientes mecanismos de control y lamentan que no sirva para destituir al actual fiscal general. 

La reforma también transfiere al fiscal general competencias en nombramientos

El Gobierno ha defendido que la reforma busca cumplir con las recomendaciones del GRECO y reforzar la autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, la oposición y algunas asociaciones consideran que no se han incluido suficientes mecanismos de control.

La reforma también transfiere al fiscal general competencias en nombramientos y sanciones de fiscales, que actualmente están en manos del Gobierno. Asimismo, empodera a la Junta de Fiscales para resolver discrepancias y establece que todas las comunicaciones con el Gobierno sean públicas.