La reforma, impulsada por el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente, también introduce cambios en las jornadas
La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, ha precipitado un cambio en las normas de seguridad del ferrocarril español. El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley que reconoce expresamente a los maquinistas el derecho a detener un tren, impedir su salida o no reanudar la marcha cuando detecten un riesgo grave e inminente.
La decisión llega casi dos semanas después del accidente y en plena huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). El Ejecutivo incorpora así una nueva garantía legal para los profesionales encargados de la circulación ferroviaria.
La principal novedad no es únicamente la posibilidad de detener un convoy, sino la protección frente a posibles represalias laborales. Los trabajadores podrán comunicar deficiencias de seguridad mediante canales confidenciales y adoptar medidas proporcionadas para evitar situaciones peligrosas.
Los maquinistas podrán parar los trenes ante un riesgo
Sin embargo, esta protección no será ilimitada. Los maquinistas deberán comunicar inmediatamente las incidencias a los responsables correspondientes y quedarán excluidas las actuaciones realizadas con mala fe, dolo o negligencia grave.
El Gobierno modifica la seguridad ferroviaria tras 69 fallecidos
La reforma, impulsada por el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente, también introduce cambios en las jornadas de conducción.
A partir de ahora, las interrupciones inferiores a 45 minutos entre periodos de conducción computarán íntegramente como tiempo de conducción, incluso cuando el trabajador haya sido relevado temporalmente de sus responsabilidades.
Además, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria verá reforzadas sus facultades de inspección, mientras que determinados profesionales podrán beneficiarse de una ampliación del régimen de coeficientes reductores de jubilación.
El nuevo escenario plantea una cuestión de fondo: cómo garantizar que las advertencias de los trabajadores se traduzcan en actuaciones preventivas eficaces.
El Gobierno responde así a parte de las reivindicaciones sindicales, aunque la aprobación del decreto no supone automáticamente el final de las movilizaciones ferroviarias.
