El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado los trámites para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva transferencia de 970 millones de euros destinada a financiar el sistema de dependencia en las comunidades autónomas. De esa cantidad, 904 millones corresponden al denominado nivel acordado, mientras que el resto se distribuye entre Euskadi y Navarra a través de su régimen foral.
El Gobierno defiende que se trata, por segundo año consecutivo, de la mayor aportación realizada por el Estado a este nivel de financiación desde la creación del sistema. Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, estos recursos permitirán reforzar la atención a las personas dependientes y seguir aumentando la participación del Estado en el sostenimiento del modelo.
El Ejecutivo recuerda que el nivel acordado fue eliminado en 2012 y recuperado en 2021 con una dotación de 306,9 millones de euros. Desde entonces, la financiación ha ido aumentando hasta alcanzar los 970 millones previstos para este ejercicio.
El Gobierno anuncia 970 millones para dependencia mientras miles de familias siguen esperando ayudas
El Gobierno promete reducir las listas de espera
Con esta nueva inyección económica, el Ministerio asegura que en 2027 la aportación estatal al sistema de dependencia alcanzará los 7.239,4 millones de euros, lo que, según sus cálculos, supondrá financiar el 50% del coste total del sistema.
El Ejecutivo sostiene que estos recursos servirán para reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, ampliar los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia e impulsar la modernización tecnológica del sistema.
Sin embargo, la oposición y numerosas asociaciones de dependientes vienen denunciando que, pese al incremento de la financiación anunciado por el Gobierno en los últimos años, miles de personas continúan esperando durante meses, e incluso años, para recibir una prestación o acceder a un servicio. Las críticas también apuntan a que las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo muy significativas y que el aumento presupuestario aún no se traduce en una mejora homogénea de la atención a los dependientes.
