En su primer informe, la subinspectora determinó que no existía una “relación laboral encubierta”
Nacho Cano sigue dando de qué hablar. Recordemos que Cano sigue teniendo que afrontar las consecuencias de su detención por el caso de los becarios del musical Malinche.
Según Vozpópuli, la juez que investiga el caso ha ordenado a la Inspección de Trabajo que realice un nuevo análisis sobre las condiciones laborales de los jóvenes mexicanos. En su primer informe, la subinspectora determinó que no existía una “relación laboral encubierta” entre la productora y los becarios.
En un documento fechado este miércoles y según el medio, la juez al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid afirma que la funcionaria no realizó una indagación completa. Esto es porque, según ella, algunas de sus conclusiones carecen de respaldo probatorio.
En este mismo auto, la magistrada al mando de la investigación ha llamado a comparecer en calidad de investigados a varias personas. Más concretamente, al productor ejecutivo del musical Malinche, David Hatchwell, y al director de Jana, Javier Alfonso Muñoz.
Como señala la titular, según el medio, este último "no ha aportado la documentación requerida para acreditar el proyecto formativo y la documentación financiera". Tampoco "ha identificado a ningún profesor de Jana que impartiera formación a los supuestos becarios".
La juez también cuestiona a la subinspectora, quien respaldó su informe ante el tribunal. Cuestionó que solicitara únicamente las matrículas en Jana de las 16 personas que afirmaron ser becarias.
También que diera por válido el documento firmado y sellado por Javier Alfonso Muñoz como prueba suficiente. Por su parte, los abogados de Cano expresaron su sorpresa ante la decisión de la magistrada de llamar a declarar a la autora del informe.
Dos policías que participaron en el arresto del productor musical. Recordemos que Cano fue detenido el pasado mes de julio por unas supuestas irregularidades en la contratación de becarios para el musical Malinche.
Los dos policías mencionados han sido imputados por el juez de Instrucción número 38 de Madrid por un presunto delito de coacciones. Por ello, deberán comparecer ante el magistrado el próximo 27 de febrero.
La citación está relacionada con la denuncia presentada por los estudiantes contra los agentes de la comisaría de la calle Leganitos en Madrid. Los acusan de realizar seguimientos durante el proceso de citación como testigos.
El pasado 8 de julio, los estudiantes interpusieron la denuncia contra los policías, señalando presuntos delitos de "coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal". Estos hechos habrían ocurrido el 27 de junio, mientras la policía les tomaba declaración. Según los abogados de los estudiantes, los agentes habrían llevado a cabo una investigación sobre ellos durante seis meses, sin informar al juez ni contar con supervisión judicial.
