Giro inesperado en el caso Koldo: la Justicia está a un paso de imputar al PSOE
La UCO apunta en su último informe a una posible financiación irregular en el seno del partido
porAdais Cásares
politica
El PSOE enfrenta un futuro penal complicado por posibles irregularidades en su cumplimiento normativo
El Partido Socialista se encuentra en una situación delicada tras la operación de la Guardia Civil, que investiga las actividades de sus dos últimos secretarios de Organización. Tanto a, Santos Cerdán como a José Luis Ábalos. La falta de control y supervisión en el partido, obligatoria desde 2015, podría llevar a la formación a ser imputada.
Según ha publicado El Confidencial, el programa de cumplimiento normativo del PSOE no solo no detectó conductas potencialmente delictivas de ambos líderes, sino que falló durante más de una década.
La UCO apunta en su último informe a una posible financiación irregular en el seno del partido. Sin embargo, la amenaza más inmediata para el PSOE radica en las deficiencias de su sistema de prevención de delitos. Desde 2015, los partidos políticos están obligados a implementar programas de cumplimiento normativo efectivos para evitar conductas ilícitas.
En el caso del PSOE, este sistema no habría identificado las actividades de una presunta organización criminal liderada por Cerdán, Ábalos y Koldo García, según el informe de la UCO. De acuerdo con el digital mencionado, es "cuestión de tiempo" que el partido sea citado para presentar su programa de cumplimiento o compliance.
El Código Penal, en su artículo 31 bis, establece que un partido puede ser penalmente responsable si obtiene beneficios, directos o indirectos, de actividades ilícitas de sus cargos. En este contexto, la investigación se centra en determinar si el PSOE se benefició de las acciones de sus líderes.
La dimisión de Santos Cerdán sigue bajo la lupa
Además, la gerente del partido, Ana María Fuentes, aparece señalada en el informe de la UCO como responsable de recaudar un supuesto "impuesto" ligado a la posible financiación ilícita. Fuentes también administró un negocio familiar que recibió subvenciones públicas de consejeros socialistas de la Junta de Andalucía, condenados en el caso de los ERE.
La Ley Orgánica de Partidos Políticos, en su artículo 9 bis, exige a las formaciones contar con sistemas de prevención y supervisión efectivos. No basta con tener un plan: este debe ser ejecutado con eficacia antes de la comisión de cualquier delito.
El PSOE deberá demostrar que no hubo omisión ni un ejercicio insuficiente de sus funciones de vigilancia. Sin embargo, las evidencias de la investigación sugieren que el control interno del partido falló de manera significativa.
La situación pone al PSOE en una posición comprometida. Si la investigación avanza y acredita beneficios ilícitos, la imputación del partido podría materializarse, marcando un hito en su historia reciente. Por ahora, el PSOE aguarda la evolución de las pesquisas mientras enfrenta el desafío de probar la efectividad de sus mecanismos de control.
