La investigación judicial contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sigue avanzado, mientras que desde el Gobierno, intentan desprestigiar el trabajo de la Justicia. El colectivo Manos Limpias no deja pasar nada desapercibido.
El grupo de abogados, que actúa como acusación popular en la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha hecho otra solicitud al Tribunal Supremo. Esta vez, que aclare si el fiscal general del Estado recurrió a la Policía Nacional. Esto, para obtener "asesoramiento" sobre la recuperación de mensajes de su anterior teléfono móvil.
El fiscal general del Estado se encuentra contra las cuerdas
Según una información publicada por El Confidencial, este dispositivo habría sido utilizado en marzo del año pasado. Un periodo en el que supuestamente se produjo la filtración ahora bajo investigación. La solicitud plantea esclarecer si estas actuaciones tienen relación con el caso, en un intento por arrojar luz sobre el papel del fiscal general en los hechos.
García Ortiz y el supuesto contacto con la Policía Nacional
El caso el fiscal general está en el centro de atención. Tras conocerse las últimas informaciones sobre el presunto borrado de mensajes y el supuesto contacto con Telefónica, los investigadores estrechan el cerco del fiscal Álvaro García Ortiz.
Supuestamente, García Ortiz, solicitó asesoramiento técnico a la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional. Esto, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ordenara a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intentar recuperar mensajes eliminados de su teléfono móvil.
Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos
De acuerdo con lo publicado por, El Confidencial, informaron que el primer contacto ocurrió el pasado jueves. Lo que coincide con un presunto requerimiento informal desde el entorno de García Ortiz a Telefónica para obtener el registro de tráfico de llamadas.
Presuntamente y de acuerdo con el medio citado, ese día, un colaborador del fiscal general se acercó a la Policía Nacional. Esto, con la finalidad de expresar interés en resolver dudas técnicas relacionadas con la unidad especializada en ciberdelincuencia. Al día siguiente, la Fiscalía formalizó la solicitud a través de un funcionario del Ministerio de Justicia.
La petición fue dirigida directamente al comisario Juan Carlos Sancho, jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática. Según El Confidencial, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General han querido hacer declaraciones sobre el alcance de este "asesoramiento".
García Ortiz está imputado por un presunto delito de revelación de secretos vinculado al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Durante la investigación, ha criticado los informes de la UCO. Al punto de acusarlos de contener "graves irregularidades", lo que llevó al magistrado a respaldar públicamente la "profesionalidad" de los agentes de la Guardia Civil.
Este nuevo y presunto acercamiento del fiscal general a la Policía Nacional sugiere que habría recurrido de manera paralela a otra institución. Todo para buscar soporte técnico, mientras el caso sigue en desarrollo.
