El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes judiciales, el Supremo ha decidido procesar a García Ortiz, y el papel de Rodríguez en este caso ha cobrado especial relevancia.
Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid, ha estado en el centro de la investigación desde que se conocieron los hechos. La causa se originó tras la filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico que desmentía un bulo relacionado con el entorno de Ayuso. Este correo, según las pesquisas, contenía información confidencial.
El fiscal general de Sánchez está contra las cuerdas
La Guardia Civil, en un informe de 57 páginas, señaló que Rodríguez tuvo un rol relevante, ya que habría actuado bajo las órdenes de García Ortiz el día de la filtración.
Rodríguez ha negado en todo momento haber filtrado datos. En su declaración ante el Supremo, el pasado 30 de enero de 2025, aseguró que cumplió órdenes directas del fiscal general. Además, solicitó al tribunal que archive la causa en su contra, argumentando que no tuvo responsabilidad directa en la difusión de la información.
Esta petición se suma a la de García Ortiz, quien también pidió el archivo del caso, apuntando al entorno del novio de Ayuso como posible origen de la filtración.
El juez Ángel Hurtado, encargado del caso, ha intensificado las diligencias. A petición de la UCO, solicitó a Google y WhatsApp que entreguen mensajes relacionados con los dispositivos de los investigados, tras no encontrar información relevante en los equipos incautados. La investigación también incluye la declaración del exabogado del novio de Ayuso, cuya comparecencia fue aplazada para esclarecer más detalles.
El caso ha generado un fuerte impacto político. La filtración ha sido vinculada a un intento de desacreditar a Ayuso, lo que ha avivado el debate público.
Pilar Rodríguez, como figura clave en la Fiscalía de Madrid, enfrenta ahora un escrutinio intenso. Su papel en la cadena de decisiones que llevaron a la difusión del correo está bajo la lupa, y el Supremo deberá determinar si hubo irregularidades en su actuación.
