El magistrado Leopoldo Puente, de la Sala de lo Penal, ha ordenado una nueva diligencia en la investigación abierta contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas. La misma, por supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.
A solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el juez ha emitido un oficio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esto, para que, en un plazo de quince días, se certifiquen detalles sobre pagos realizados a Ábalos en 2018 y 2019.
En concreto, se solicita información sobre el concepto, la fecha y la cuenta bancaria de los pagos, que ascienden a 156.440,29 euros en 2018 y 351.992,72 euros en 2019. Los que fueron registrados como “rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”.
Esta medida busca esclarecer la naturaleza de dichas transferencias en el marco de la investigación judicial. Todo ellos, según una reciente publicación de El Confidencial.
Las declaraciones de Jésica que acorralan a Ábalos
Las recientes declaraciones de Jessica Rodríguez, expareja del exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, han añadido una nueva capa de complicaciones a la estrategia de su defensa.
En el marco de la investigación por presunta corrupción en el denominado 'caso Koldo', las afirmaciones de Jéssica han puesto en entredicho al diputado nacional. Esto, en cuanto a los intentos de Ábalos por desacreditar los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los que le señalan como figura clave en una trama de favores y contratos irregulares.
Jéssica, quien mantuvo una relación sentimental con Ábalos durante su etapa como ministro, reconoció ante el Supremo que fue contratada por las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Ambas dependientes del Ministerio de Transportes. Esto, sin haber realizado trabajo alguno a cambio de los sueldos percibidos.
