Giro inesperado en el caso Ábalos: la UCO descubrió un ingreso de 500.000 euros

El magistrado Leopoldo Puente, de la Sala de lo Penal, ha ordenado una nueva diligencia en la investigación abierta contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas. La misma, por supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

A solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el juez ha emitido un oficio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esto, para que, en un plazo de quince días, se certifiquen detalles sobre pagos realizados a Ábalos en 2018 y 2019.

En concreto, se solicita información sobre el concepto, la fecha y la cuenta bancaria de los pagos, que ascienden a  156.440,29 euros en 2018 y 351.992,72 euros en 2019. Los que fueron registrados como “rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”.

Esta medida busca esclarecer la naturaleza de dichas transferencias en el marco de la investigación judicial. Todo ellos, según una reciente publicación de El Confidencial.

 Las declaraciones de Jésica que acorralan a Ábalos

Las recientes declaraciones de Jessica Rodríguez, expareja del exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, han añadido una nueva capa de complicaciones a la estrategia de su defensa.

En el marco de la investigación por presunta corrupción en el denominado 'caso Koldo', las afirmaciones de Jéssica han puesto en entredicho al diputado nacional. Esto, en cuanto a los intentos de Ábalos por desacreditar los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los que le señalan como figura clave en una trama de favores y contratos irregulares.

Jéssica, quien mantuvo una relación sentimental con Ábalos durante su etapa como ministro, reconoció ante el Supremo que fue contratada por las empresas públicas  Ineco y Tragsatec. Ambas dependientes del Ministerio de Transportes. Esto, sin haber realizado trabajo alguno a cambio de los sueldos percibidos.

En su declaración del pasado 27 de febrero, afirmó que asumía que su contratación fue gestionada por mediación de Ábalos. Una confesión que contradice las afirmaciones del exministro, quien ha negado cualquier intervención en dichas colocaciones.

Estas palabras de Rodríguez refuerzan las sospechas de la UCO sobre un posible tráfico de influencias, al sugerir que  Ábalos utilizó su posición para beneficiar a su entonces pareja.

Es preciso subraya que Jéssica admitió que desconocía quién pagaba el alquiler del lujoso piso en la Plaza de España de Madrid donde residió durante casi tres años. Un inmueble que, según la UCO, fue financiado por el empresario Víctor de Aldama, con un coste mensual de 2.700 euros.

Aunque Ábalos y su exasesor Koldo García han sostenido que el pago lo gestionó este último por motivos de  "emergencia habitacional" de Jéssica, la expareja no respaldó esta versión. Dejando entrever que el exministro podría haber estado al tanto de los arreglos financieros.

Otro punto que complica la situación de Ábalos es la revelación de que Jéssica acompañó al exministro en al menos 15 o 20 viajes oficiales. En los que se utilizó en tres ocasiones la sala de autoridades en aeropuertos. Esto, según conversaciones extraídas por la UCO de móviles incautados.

Estas evidencias sugieren un trato preferencial que Ábalos no ha logrado justificar satisfactoriamente.

La estrategia de Ábalos, centrada en desacreditar los informes de la UCO como "tendenciosos" y fruto de una "causa general" en su contra, pierde fuerza ante las declaraciones de Jéssica. Que no solo no lo exculpan, sino que aportan detalles que alimentan las acusaciones de corrupción.