En un giro inesperado dentro de la investigación que rodea a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha admitido por escrito ante el Congreso de los Diputados que Luis Carrero, exasesor de Moncloa, desempeñaba sus funciones siguiendo las directrices del jefe del Gobierno.
Carrero, quien mantenía una relación cercana con David Sánchez, a quien se refería cariñosamente como “hermanito” en comunicaciones privadas, ha sido objeto de investigación. Esto, por su papel en la Diputación de Badajoz, donde trabajó junto al hermano del presidente.
El hermano de Sánchez recibe un toque de atención por parte de la juez
El Gobierno ha confirmado que, durante su tiempo en Moncloa, Carrero actuaba en línea con las instrucciones recibidas desde la cima del Ejecutivo. Lo que ha levantado sospechas sobre una posible conexión entre las actividades del asesor y los intereses personales del hermano de Sánchez.
Este último, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, está en el centro de una investigación judicial liderada por la jueza Beatriz Biedma en Badajoz. La relación entre ambos quedó al descubierto tras revelarse correos electrónicos en los que Carrero colaboraba con Sánchez en proyectos como Ópera Joven. Incluso gestionando ayudas directas desde el Ministerio de Cultura mientras aún estaba en Moncloa.
La inusual entrega de la carpeta del asesor del hermano de Sánchez
La Audiencia de Badajoz ha respaldado la investigación, destacando la “cercanía personal” entre Carrero y Sánchez, evidenciada en los intercambios de correos.
Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha aportado un informe clave. En este, subrayan cómo el asesor, tras dejar su puesto en el Gobierno a finales de 2023, pasó a ocupar un cargo en la Diputación de Badajoz. La que ahora también está bajo la lupa judicial.
La próxima cita en los tribunales, prevista para el 25 de abril. Esta incluirá las declaraciones de ambos implicados, en un caso que sigue generando interrogantes sobre el uso de influencias en la administración pública.
Este reconocimiento oficial de Moncloa añade una nueva capa de controversia a un asunto que pone en cuestión la transparencia en la gestión de cargos y recursos públicos. Lo que alimenta el debate político en España.
