Europa Press Giro de 180º en el 'caso Koldo': el Supremo y Anticorrupción sospechan lo peor
Los avances en el 'caso Koldo' han desatado varios escenarios que nublan el porvenir de la investigación
El exministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, sigue en el foco de los medios. Esto, tras su extensa declaración ante el juez el pasado jueves 12 de diciembre. Tras su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, tato el Tribunal Supremo como la Fiscalía Anticorrupción sospechan de una estrategia de Ábalos para librarse del caso.
El que fuera hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que las declaraciones del empresario Víctor De Aldama son falsa, y aseguró tener pruebas de todo ello. Asimismo, aseguró que toda la responsabilidad de los hechos mencionados por el empresario, recaen es su exasesor, Koldo García.
El testimonio del exministro y exsecretario general del PSOE ha revelado posibles estrategias extrajudiciales que no han pasado desapercibidas para el juez Leopoldo Puente, la Fiscalía Anticorrupción y las partes acusadoras. Se sospecha ampliamente que el diputado ha pactado un acuerdo de no agresión con el PSOE, lo que implica que Koldo García asuma toda la culpa. Parece que el asesor ha decidido aceptar la responsabilidad, tal vez con la esperanza de protegerse en el futuro.
Apuntan a un posible pacto entre Ábalos y el PSOE para no perjudicar al Gobierno | Redes sociales
La declaración de Aldama ante el Supremo resulta fundamental. Durante las más de tres horas de interrogatorio a Ábalos, quedó claro que su testimonio se enfocó en atribuir las irregularidades investigadas por la Fiscalía y los tribunales a Koldo García. Además, Ábalos se mostró firme en no involucrar a otros altos cargos del Ejecutivo, evitando así señalar a sus superiores.
Así lo explican El Confidencial, subrayando la presunta de estrategia de Ábalos con el PSOE para librarse de cualquier acusación y hacerla recaer sobre Koldo. Asimismo, se debe tener en cuenta que no solo se salva José Luis Ábalos, sel salvavidas es para todo el Gobierno, e incluso el partido. Esto, teniendo en cuenta que Ábalos era el número dos de Ferraz para aquel momento.
Las acusaciones populares denuncian irregularidades en la declaración de Ábalos
Las decisiones del magistrado Leopoldo Puente respecto a la declaración de José Luis Ábalos han desatado la polémica. Liberum, junto a otras acusaciones populares, denuncia que se les impidió el acceso a las declaraciones del exministro, calificando la medida de "insólita". Además, aseguran que las restricciones vulneran los principios de transparencia y derecho a la defensa.
El magistrado designó al PP como dirección letrada, excluyendo al resto de acusaciones de presenciar los interrogatorios. Esta decisión, según Liberum, crea desigualdad procesal, dejando en manos del PP la comunicación de los hechos relevantes, lo que consideran una "subjetividad injustificada".
Liberum solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revoque la decisión y defienda los derechos de las acusaciones. Argumentan que la exclusión no solo dificulta su labor, sino que compromete la transparencia en un caso de gran interés público.
Ábalos se mostró muy tranquilo durante su llegada y salida al Supremo | Europa Press
El juez Puente ha justificado la medida, alegando que facilita el proceso y evita interrupciones innecesarias. No obstante, las acusaciones argumentan que esta decisión afecta gravemente su capacidad para defender sus intereses y vigilar la legalidad del proceso.
La asociación insiste en que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular. Subrayando que el magistrado debería permitir un acceso equitativo a todos los actores implicados. También reclaman que la gestión de notificaciones no quede limitada al PP, ya que esto podría retrasar o distorsionar la información compartida.
Las acusaciones populares expresan su descontento por la falta de acceso a las declaraciones en tiempo real, considerando que esto genera indefensión. También critican que el uso de grabaciones como única alternativa no es suficiente para garantizar la transparencia.
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