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Mujer de cabello oscuro sentada en una oficina con un documento superpuesto y un círculo rojo que muestra el rostro de un hombre en la esquina derecha
POLÍTICA

La gerente del PSOE Ana María Fuentes aparece en el demoledor informe de la UCO

Es una de las mujeres a la que Sánchez ha encargado la Secretaría de Organización del partido

Comienzan las primeras pinceladas de la transición del PSOE, liderado por Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán, incluye a Ana María Fuentes. Ella es la actual gerente del partido. Fuentes ha sido designada para la Secretaría de Organización.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la menciona en un informe clave. En él, se apunta a Fuentes por gestionar el cobro de un "impuesto" interno al partido. Este dato surge del análisis de conversaciones y mensajes interceptados.

Documento de la Unidad Central Operativa sobre delincuencia económica con un extracto de conversación de WhatsApp y el nombre Ana María Fuentes resaltado en amarillo

La UCO investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE. En una charla, Koldo García avisa a Javier Herrero, director general de Carreteras en la etapa de Ábalos. García le dice que desde la Gerencia del PSOE pedirán ese "impuesto".

Los mensajes datan de 2022, cuando Fuentes ya estaba al mando de la Gerencia. Su nombramiento fue propuesto por Santos Cerdán. Según la Guardia Civil, Santos quiso renovar la Gerencia con Fuentes.

En el intercambio, García contacta a Herrero poco después de reunirse con Santos. Le explica que el gerente del partido le pedirá el teléfono.

Herrero responde con ironía que si él no lo da, alguien más lo conseguirá. García le advierte que pedirán el "impuesto".

Horas después, García pregunta si se hizo la llamada. Herrero dice que envió un formulario, pero sin especificar la cantidad. La UCO deduce que desde la Gerencia pidieron a Herrero una aportación económica.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, defiende que se trata de una cuota "legal". En una entrevista, aseguró que es un "pago voluntario" que hacen todos los cargos públicos.

Hombre de cabello corto y canoso con traje azul y corbata rosa en un entorno urbano desenfocado

Por su parte, Pedro Sánchez anunció que se encargará una auditoría externa para revisar las cuentas del PSOE tras el cese de Cerdán.

La brutal polémica de 'mordidas' que persigue a Cristina Narbona desde hace años

El PSOE ya tiene relevo, aunque provisional. Tras la salida de Santos Cerdán, el partido ha optado por una Secretaría de Organización colegiada e interina. El anuncio se ha hecho oficial este lunes, en la primera reunión de la dirección socialista desde que estalló la crisis.

El nuevo equipo lo forman cuatro dirigentes. Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Ana María Fuentes, gerente del partido. Montse Mínguez, responsable de Trabajo y Economía Social. Y Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia.

Los cuatro ejercerán de forma conjunta las funciones que antes tenía Cerdán. Se mantendrán en el cargo hasta el próximo Comité Federal, previsto para el 5 de julio. Allí se presentarán “medidas de control y regeneración”, según han confirmado fuentes del partido.

La dirección del PSOE ha querido actuar con rapidez. La dimisión de Cerdán, tras verse implicado en el caso de presuntas comisiones ilegales, dejó un vacío en el núcleo duro de Pedro Sánchez. El partido busca ahora estabilidad interna y reacción política ante el escándalo.

La actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estuvo vinculada a una polémica investigación por supuestas mordidas. La UCO de la Guardia Civil señaló en 2016 que, durante su etapa como ministra de Medio Ambiente, varias empresas pagaron fondos irregulares a campañas publicitarias del Gobierno de Zapatero.

Los pagos se hicieron meses antes de las elecciones de 2008. Fueron destinados a la campaña “El mar, fuente inagotable de vida”. Se abonaron más de 5,8 millones de euros a la agencia Bassat Ogilvy.

Las empresas implicadas eran adjudicatarias de obras hidráulicas. Varias de ellas trabajaban en desaladoras como la de Bahía de Alcudia o la de Alicante II. Ambas iniciativas estuvieron bajo la responsabilidad del ministerio que dirigía Narbona.

La UCO describió los pagos como un “impuesto revolucionario”. No había contrato. Solo un compromiso verbal para financiar el “Programa Agua”.

El caso Acuamed se centró especialmente en la desaladora de Torrevieja. La UTE adjudicataria pagó más de 1,7 millones en publicidad.

Después intentó que Acuamed asumiera ese gasto. Pero en la liquidación de 2014 no se incluyó ninguna partida.

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