El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un refuerzo de los controles en la adjudicación de Viviendas de Protección Pública. La medida se incorporará mediante una enmienda a la Ley de Simplificación Administrativa. El objetivo es garantizar una asignación correcta y un uso adecuado de los inmuebles.
La modificación normativa reforzará los criterios de publicidad, transparencia y supervisión de los procesos. Además, incluirá el arraigo como elemento de baremación para acceder a estas viviendas. Esto permitirá priorizar a los vecinos de cada municipio en la adjudicación.
Pérez Llorca subrayó que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente entre los jóvenes. Por ese motivo, defendió actuar con responsabilidad y realismo para asegurar estabilidad e igualdad de oportunidades. El presidente remarcó la necesidad de ofrecer soluciones estructurales desde las administraciones públicas.
El jefe del Consell destacó las iniciativas activadas por la Generalitat, como el Plan Vive, las ayudas al alquiler y el Bono Joven. También mencionó las subvenciones dirigidas a ayuntamientos y particulares en programas de regeneración urbana y rehabilitación. Estas actuaciones buscan facilitar el acceso a una vivienda a colectivos vulnerables.
Actualmente, los Presupuestos de la Generalitat destinan más de 304 millones de euros a políticas de vivienda. Estos recursos permiten mantener líneas sociales activas y ampliar mecanismos de apoyo habitacional. El enfoque combina protección social con estímulos para incrementar la oferta.
Según explicó Pérez Llorca, el Plan Vive representa un ejemplo de colaboración público-privada orientada a resultados a medio plazo. A este proyecto se han adherido ya 319 ayuntamientos. Gracias a esta iniciativa se han impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública.
