García Ortiz mueve ficha para colocar al fiscal que fijará el criterio sobre su causa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya tiene en su poder la lista de aspirantes para la nueva plaza de fiscal de Sala de Delitos.

La vacante fue acelerada por el Ministerio de Justicia el pasado marzo, en plena investigación al fiscal general ante el Tribunal Supremo.

Seis miembros del Ministerio Fiscal se han postulado para este puesto que fijará criterios sobre revelación de secretos y corrupción.

Cuatro de ellos están vinculados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización antes presidida por el propio García Ortiz.

Entre ellos destaca Emilio Sánchez Ulled, exfiscal del caso Palau y del 9-N, y hoy consejero de Justicia ante la UE. También figura Carlos Castresana, actualmente destinado al Tribunal de Cuentas, con un perfil afín a la línea de Ortiz.

Rafael Escobar, fiscal del Supremo desde 2008, y Virna Alonso, jefa del fiscal que investigó al novio de Ayuso, completan la lista UPF.

Alonso aparece en conversaciones recuperadas del móvil de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sobre ese caso.

Otros dos candidatos, sin adscripción a asociaciones, también compiten: Concha Sabadell y Álvaro Redondo. Sabadell es fiscal Anticorrupción, mientras que Redondo modificó su criterio en la causa del 'Tsunami' tras llamada de García Ortiz.

Según El Debate, los favoritos a Sánchez, Ulled y Alonso, ambos con conexiones directas con el entorno del fiscal general.

El nombramiento desata polémica al recaer en alguien investigado por el delito que debe supervisar el nuevo fiscal. La Asociación de Fiscales (AF) considera inadmisible que un investigado pueda designar al fiscal que evaluará su propia conducta.

Desde la AF afirman que «esto roza el escarnio a la carrera fiscal y la sociedad» y piden la dimisión inmediata de Ortiz. El Consejo Fiscal ya se posicionó en su día contra la creación de esta plaza por posibles conflictos de competencia.

Esta fiscalía específica compite con otras áreas ya establecidas para el control de casos de corrupción y asuntos sensibles. La votación en el Consejo Fiscal para cubrir la vacante fue postergada el pasado 10 de abril por ausencia de un vocal de la UPF.

La Inspección Fiscal ha advertido del carácter obligatorio de estas reuniones, bajo riesgo de sanción o consecuencias penales. Se alega que sin cuatro consejeros no puede conformarse correctamente el pleno, generando dudas sobre su validez futura.