La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia el proceso judicial abierto contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto a otras diez personas investigadas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La causa gira en torno a la contratación en 2017 de un cargo de alta dirección que, según las acusaciones, habría sido creado y adjudicado de forma irregular.
Antes de concluir la vista oral, el tribunal concedió a los procesados el turno de última palabra, un derecho que permite a los acusados dirigirse directamente al juez antes de que se dicte sentencia. Solo cinco de ellos decidieron intervenir. David Sánchez, por su parte, renunció a hacerlo.
Uno de los que sí tomó la palabra fue Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Durante su intervención defendió tanto su inocencia como la del resto de acusados y sostuvo que el procedimiento tiene un trasfondo ideológico. Según afirmó, el único motivo por el que están sentados en el banquillo es no coincidir políticamente con quienes ejercen la acusación popular.
Gallardo también denunció que, a su juicio, se ha intentado generar una imagen distorsionada del juicio desde fuera de la sala, aunque agradeció que dentro del proceso se haya mantenido un ambiente de tranquilidad y respeto.
El exdirigente provincial fue especialmente crítico con las acusaciones, a las que atribuyó la intención de promover una condena pública antes incluso de que exista una resolución judicial. “Han conseguido el juicio social”, señaló, insistiendo finalmente en su inocencia y en su confianza en la decisión de la justicia.
