Funcionarios de prisiones estallan contra Marlaska por la violencia en las cárceles

Los funcionarios de prisiones han vuelto a las calles de Madrid para denunciar una política penitenciaria que consideran insoportable. Tras más de siete años bajo la gestión de Marlaska, el deterioro del sistema es más que evidente. La pérdida de autoridad frente a los internos y el aumento de agresiones han convertido las cárceles en espacios cada vez más peligrosos.

A esta situación se suma la polémica orden del Ministerio del Interior de reducir el uso del primer grado. Con ello, presos violentos son enviados a módulos comunes en nombre de una supuesta integración. El resultado ha sido un repunte de ataques de todo tipo tanto entre reclusos como contra los propios funcionarios.

Indignación de los funcionarios de prisiones

Los sindicatos llevan años reclamando ser reconocidos como agentes de autoridad, al igual que la Policía o la Guardia Civil. Con esa medida, podrían disuadir la violencia con sanciones más duras. Sin embargo, el Gobierno sigue prefiriendo tener un discurso buenista que solo ha servido para aumentar los problemas.

Se ríen de nosotros, la autoridad no existe

Así lo denuncia Manuel Galisteo, presidente del sindicato TAMPM. Explica que, con una política demasiado permisiva, los presos ya no respetan a los funcionarios porque saben que su autoridad no vale casi nada. Mientras tanto, Interior guarda silencio y deja sin respuesta a quienes arriesgan su seguridad cada día en las cárceles.

La protesta comenzará en la sede socialista de Ferraz y terminará en el Congreso de los Diputados. Allí, los representantes sindicales, acompañados por dirigentes del Partido Popular, leerán un manifiesto en defensa de la seguridad y la dignidad de los funcionarios. Además, exigirán la equiparación salarial, recordando que en algunas comunidades los trabajadores cobran hasta 700 euros más al mes por el mismo trabajo.

Mientras tanto, la violencia en las cárceles ha crecido de forma preocupante. Este verano ha sido especialmente duro, con más de veinte funcionarios heridos de gravedad en apenas un mes. Si nada cambia, a final de año se superarán las 600 agresiones, un récord que refleja la falta de mano dura del sistema.

En Sevilla, la prisión de Morón de la Frontera se ha convertido en un símbolo del caos total. Allí, funcionarios han sufrido palizas brutales, roturas de huesos e incluso intentos de agresión sexual por parte de internos reincidentes. Pese a ello, la dirección se ha negado a aplicar el aislamiento a los más peligrosos.

La reducción de internos en primer grado se ha convertido en uno de los problemas más graves. Desde 2018, bajo la gestión de Marlaska, esta medida disciplinaria se ha recortado a la mitad. Interior lo presenta como un éxito en las cifras, pero los sindicatos advierten de que en realidad se están generando primeros grados encubiertos que alteran la convivencia en los módulos.

El resultado es demoledor: cientos de funcionarios heridos, cárceles fuera de control y una autoridad penitenciaria cada vez más debilitada. Todo ello bajo la responsabilidad de un Ministerio que prefiere maquillar cifras antes que afrontar la realidad.

Lo más indignante es que, tras años de caos y víctimas directas de su gestión, Grande-Marlaska ni pide perdón ni asume responsabilidades. Sigue en su cargo, aferrado al relato oficial, mientras los funcionarios pagan el precio de su política fracasada.