Fracasa el intento del Gobierno de oficializar el catalán, gallego y euskera en la UE

España volvió a chocar con el muro de Bruselas. El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de que el catalán, el gallego y el euskera se convirtieran en lenguas oficiales de la Unión Europea no pasó de una propuesta aparcada. Y no por falta de ganas del Ejecutivo, sino porque en Europa nadie quiso subirse al tren.

El Consejo de Asuntos Generales, que debía debatir la iniciativa, ni siquiera incluyó el punto en el orden del día. La presidencia rotatoria, en manos de Polonia, optó por dejarlo fuera ante la ausencia de respaldo.

Lo más llamativo es que el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decidió no viajar a Bruselas. Una señal clara de que en Moncloa sabían que el golpe era inevitable.

Lo cierto es que la medida nació con poco futuro. Para salir adelante, necesitaba el apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Sin embargo, varios países del norte y del este como Suecia, Finlandia o Austria pusieron pegas legales y presupuestarias desde el principio.

La idea de abrir la puerta a lenguas regionales despertó más preocupación que entusiasmo.

Albares y Sánchez ofrecieron incluso que España se hiciera cargo del coste, estimado en 132 millones de euros al año. Aun así, ni eso bastó. Los socios europeos no querían sentar precedentes que pudieran alimentar tensiones internas en sus propios países.

Bélgica, Italia o incluso Francia tienen sus propios frentes lingüísticos y no están por la labor de avivar el fuego.

La propuesta fue reformulada varias veces, reduciendo su alcance e intentando aplicar la oficialidad de forma limitada y gradual a partir de 2027. Pero el intento no convenció. La posibilidad de que la votación fracasara era tan real que se optó por evitar el bochorno y retirar la iniciativa antes de llegar al debate formal.

Desde la oposición, PP y Vox jugaron su carta. Ambos partidos presionaron a sus aliados europeos para frenar la propuesta.

Génova acusó al Gobierno de usar el multilingüismo como moneda de cambio con los independentistas de Junts, a quienes Sánchez necesita para sostener su legislatura. Una política exterior secuestrada por intereses internos, según sus críticos.

Mientras tanto, desde Moncloa culpan al PP del fracaso. Consideran que ha trabajado activamente para boicotear una iniciativa que, aseguran, no solo es legítima sino también coherente con la diversidad lingüística de España. La realidad es que el asunto ha dejado al Ejecutivo en una posición incómoda: sin victoria política, con un desgaste evidente y con las promesas a Junts todavía sin cumplir.

Carles Puigdemont no tardó en reaccionar. Desde Bruselas, criticó la falta de compromiso real del Gobierno español y pidió resultados concretos.

Para el expresidente catalán, esto no va solo de lenguas, sino de reconocimiento político. Y Sánchez, por ahora, no ha podido cumplir.