La Fiscalía ha solicitado la amnistía para cerca de 40 altos cargos y empresarios vinculados al Govern de Carles Puigdemont. Entre los implicados se encuentra el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, procesado por su participación en el referéndum del 1-O.
La petición incluye delitos como prevaricación, falsedad documental, desobediencia y malversación relacionada con la organización del 1-O. El Ministerio Público considera que estas acciones deben ser amnistiadas bajo la nueva ley, a pesar del criterio del Tribunal Supremo.
La Fiscalía argumenta que las actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, sin ánimo de lucro personal. Se excluyen de la amnistía dos contratos del consorcio Diplocat, al no estar directamente vinculados con el proceso independentista.
Por estos contratos, se solicita llevar a juicio a los exsecretarios generales de Diplocat, Roser Clavell y Albert Royo. El escrito de la Fiscalía destaca que los procesados actuaron concertadamente en diversas acciones para la celebración del 1-O.
Estas acciones incluyen la creación de páginas web, campañas informativas, gestión del censo y colaboración con empresas como Unipost. La Fiscalía considera que estas actividades deben ser amnistiadas, ya que se enmarcan en la organización del referéndum suspendido.
