La Fiscalía solicita amnistiar la malversación para 40 altos cargos del Govern
La Fiscalía ha solicitado la amnistía para cerca de 40 altos cargos y empresarios vinculados al Govern de Carles Puigdemont
porRafael Alejandro Escalona
politica
El Ministerio Público considera que estas acciones deben ser amnistiadas bajo la nueva ley, a pesar del criterio del Tribunal Supremo
La Fiscalía ha solicitado la amnistía para cerca de 40 altos cargos y empresarios vinculados al Govern de Carles Puigdemont. Entre los implicados se encuentra el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, procesado por su participación en el referéndum del 1-O.
La petición incluye delitos como prevaricación, falsedad documental, desobediencia y malversación relacionada con la organización del 1-O. El Ministerio Público considera que estas acciones deben ser amnistiadas bajo la nueva ley, a pesar del criterio del Tribunal Supremo.
La Fiscalía argumenta que las actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, sin ánimo de lucro personal. Se excluyen de la amnistía dos contratos del consorcio Diplocat, al no estar directamente vinculados con el proceso independentista.
Por estos contratos, se solicita llevar a juicio a los exsecretarios generales de Diplocat, Roser Clavell y Albert Royo. El escrito de la Fiscalía destaca que los procesados actuaron concertadamente en diversas acciones para la celebración del 1-O.
Estas acciones incluyen la creación de páginas web, campañas informativas, gestión del censo y colaboración con empresas como Unipost. La Fiscalía considera que estas actividades deben ser amnistiadas, ya que se enmarcan en la organización del referéndum suspendido.
Puigdemont pone contra las cuerdas a Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña detuvo la amnistía para tres aforados, incluidos los diputados de ERC Jové y Salvadó. El caso fue elevado a instancias superiores para revisar la constitucionalidad de amnistiar la malversación en estos casos.
La Fiscalía sostiene que no hubo enriquecimiento personal en las acciones relacionadas con el 1-O, lo que permite su amnistía. La ley de amnistía excluye los delitos que impliquen beneficio patrimonial personal, lo que no se aplica en este contexto.
El Ministerio Público defiende que amnistiar estos delitos preserva el valor de la ley y evita dejarla vacía de contenido. La petición de amnistía llega tras un año de bloqueo por debates sobre competencias judiciales en relación con el 1-O. La Fiscalía ha presentado su solicitud a la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir sobre la aplicación de la amnistía.
El proceso legal continúa mientras se espera la resolución sobre la constitucionalidad de la amnistía en casos de malversación.
