El 29 de octubre de 2024, una riada azotó el sureste español con fuerza inusitada, dejando un saldo de 227 muertos y un desaparecido. Las lluvias torrenciales arrasaron con viviendas, infraestructuras y campos, afectando principalmente a Murcia, Alicante y Almería.
Meses después, la comisión del Senado investiga las causas y responsabilidades de la tragedia más mortal en décadas por lluvias. El ex magistrado del Supremo, Javier Orduña, compareció ante el Senado denunciando la falta de obras clave para mitigar el impacto.
Orduña aseguró que infraestructuras como las del barranco del Poyo habrían reducido significativamente los daños ocasionados. Recalcó que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que su omisión puede conllevar consecuencias legales.
Afirmó que el Gobierno estaba legalmente facultado para declarar un estado de emergencia nacional, pero optó por no hacerlo. Esto, según el jurista, demuestra una posible negligencia institucional en la gestión de la catástrofe y la protección civil.
Advirtió sobre una posible responsabilidad patrimonial del Estado por no haber realizado las obras de prevención necesarias. El presidente de FENACORE, Juan Valero de Palma, también declaró en el Senado en favor de las infraestructuras hidráulicas.
El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de València y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno
Valero sostuvo que sin embalses ni sistemas de regulación, es imposible garantizar el abastecimiento y la seguridad civil. Criticó la baja inversión en obras públicas y exigió su priorización en los presupuestos generales del Estado de 2025.
La Federación de Obras Públicas de Alicante también reclamó recursos para reconstrucción y nuevas infraestructuras preventivas. El senador José Antonio Monago, del Partido Popular, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de pasividad ante la tragedia.
Monago lamentó que no se hayan asumido responsabilidades políticas pese a la magnitud del desastre y su impacto humano. Desde el PSOE, se respondió acusando al PP de instrumentalizar judicialmente la tragedia con fines partidistas.
La ministra Teresa Ribera en su día defendió la actuación gubernamental, alegando que se actuó antes, durante y después del desastre. Sin embargo, los expertos insisten en que la ausencia de infraestructuras adecuadas agravó el resultado de la DANA.
El Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma Manglano
La tragedia evidenció la urgencia de nuevas inversiones en infraestructuras para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos. La comisión del Senado continúa investigando las decisiones previas y posteriores al 29 de octubre por parte del Ejecutivo.
Los testimonios apuntan a la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de políticas de protección civil. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones que prevengan la repetición de eventos similares en el futuro.
Vecinos de zonas afectadas como Lorca, Orihuela o Níjar aún reclaman ayudas y soluciones estructurales sostenibles. Orduña subrayó que la protección ciudadana no puede quedar supeditada a debates políticos o intereses presupuestarios.
La sociedad exige que el Gobierno priorice la seguridad de las personas en sus políticas de inversión y gestión. La reconstrucción no debe limitarse a reparar daños, sino también anticipar y prevenir riesgos similares.
