Europa Press La Fiscalía no recurrirá el ''fraude de ley'' del aforamiento de Gallardo
El órgano judicial consideró que se trataba de un "fraude de ley" diseñado para evitar que el político fuera investigado por el juzgado ordinario
La Fiscalía Superior de Extremadura ha decidido no recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Que declaró inválido el aforamiento exprés del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.
El órgano judicial consideró que se trataba de un "fraude de ley" diseñado para evitar que el político fuera investigado por el juzgado ordinario. La decisión devuelve el procedimiento judicial al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga al líder socialista por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La resolución del TSJEx fue clara: el aforamiento promovido por Gallardo, mediante una maniobra de encaje político en la Asamblea de Extremadura. No tenía otra finalidad que sustraer el caso del control del juzgado ordinario.
La operación consistió en forzar la renuncia de dos diputados socialistas para que Gallardo pudiera tomar posesión de un escaño. Así, obtener el estatus de aforado. Todo ello ocurrió con una velocidad inusitada y bajo un procedimiento que el tribunal ha calificado de “torticero”.
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A pesar de que la Fiscalía tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, ha optado por asumir los argumentos del TSJEx. Según fuentes del Ministerio Público, no hay base jurídica sólida para contradecir una resolución tan argumentada.
La Fiscalía no solo asume el contenido del auto, sino que evita así perpetuar una maniobra jurídica. Que ya ha sido calificada como irregular por un órgano judicial superior.
La causa vuelve ahora al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en manos de la jueza Patricia Biedma. Quien ha llevado la investigación desde sus inicios.
Además de Gallardo, en el caso figura como imputado el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. En relación con contratos adjudicados por la Diputación de Badajoz cuando Gallardo era su presidente.
El tribunal dejó por escrito que el aforamiento fue “una burda operación para cambiar el órgano judicial competente” y que lo ocurrido “responde a un uso abusivo de los derechos parlamentarios con fines personales”. Este dictamen ha tenido amplio eco entre juristas y analistas políticos, que lo consideran una advertencia clara frente al uso espurio de figuras como el aforamiento.
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