Ministerio Público marroquí, la investigación concluyó que hubo un "uso proporcional de la fuerza"
La Fiscalía de Marruecos ha decidido archivar la investigación sobre la tragedia ocurrida el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla. En la que murieron 23 migrantes, alegando "ausencia de indicios de delito". Esta decisión ha generado controversia y múltiples reacciones tanto en Marruecos como en España.
Según fuentes del Ministerio Público marroquí, la investigación concluyó que hubo un "uso proporcional de la fuerza". Por parte de los agentes marroquíes durante el incidente.
Las autoridades marroquíes explicaron que las lesiones sufridas por los migrantes fueron consecuencia de su intento de atravesar a la fuerza el puesto fronterizo. En medio de una intensa estampida y aglomeración de personas.
Además, se afirmó que los migrantes llevaban armas blancas y actuaron de manera violenta y agresiva. Lo que justificó, según la Fiscalía, la respuesta de las fuerzas de seguridad.
La tragedia ocurrió cuando aproximadamente 1.700 migrantes, en su mayoría sudaneses, intentaron acceder a la ciudad de Melilla. Forzando la puerta del puesto fronterizo con Nador, Marruecos. Según la Fiscalía española, no hubo responsabilidad penal por parte de las autoridades ni de los funcionarios españoles en los hechos ocurridos.
La decisión de archivar la investigación ha generado críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos denunció que, además de los 23 muertos confirmados por las autoridades marroquíes.
Hay otras 70 personas desaparecidas. La AMDH y otras ONG han criticado la falta de transparencia en la investigación y han señalado la necesidad de una investigación independiente.
Además, la sección de Nador de la AMDH informó en su cuenta de Facebook sobre el entierro de algunas de las víctimas. Según por instrucciones de la Fiscalía. Estos entierros se realizaron tras recoger muestras de ADN, pero la ONG afirmó desconocer el número total de cuerpos enterrados.
Tras la tragedia, las autoridades marroquíes detuvieron a cientos de migrantes que intentaron cruzar la frontera. Algunos fueron desplazados en autobuses hacia el interior o sur del país, mientras que otros fueron procesados judicialmente. La justicia marroquí condenó a 61 migrantes con penas de hasta tres años de cárcel.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos también realizó un informe sobre los hechos del 24 de junio de 2022. El cual concluyó que los muertos fueron 23 y que fallecieron por "caída de la valla" y "asfixia mecánica".
Sin embargo, la semana pasada, la ONG Border Forensics y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia publicaron un contrainforme. Este contrainforme, del que se desvinculó la AMDH tras ser citada como colaboradora, responsabiliza tanto a Marruecos como a España por la tragedia. Según este documento, Marruecos tendió una "trampa" a los migrantes, mientras que España respondió con fuerza excesiva, hiriendo a personas migrantes y tratándolas de manera inhumana y degradante.
El ministro, Fernando Grande-Marlaska, recordó recientemente que la Fiscalía General del Estado de España llevó a cabo una "amplia y exhaustiva" investigación. Que concluyó sin encontrar responsabilidad por parte de autoridades o funcionarios españoles. Esta declaración refuerza la postura oficial de que las actuaciones de las fuerzas de seguridad fueron adecuadas y proporcionales a la situación.
