El tribunal admite la prueba solicitada por ACOM y reclama la documentación que sustentó el listado utilizado para restringir importaciones y abrir expedientes sancionadores
La Audiencia Nacional ha requerido a Hacienda que remita o localice el expediente administrativo que sirvió de base para aprobar el listado de localidades y códigos postales israelíes difundido el pasado 10 de febrero.
El Tribunal Central de Instancia, en un auto dictado el 28 de octubre dentro del procedimiento 19/2026-A, ha admitido las pruebas solicitadas por ACOM en su recurso contra la resolución de la Agencia Tributaria.
La asociación cuestiona que el listado, utilizado para aplicar el artículo 3.2 del Real Decreto-ley 10/2025, se aprobara sin un expediente completo y suficientemente motivado, y denuncia un trato selectivo contra Israel.
Hacienda deberá aportar o localizar la documentación
El magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez reclama la resolución anterior, fechada el 23 de diciembre de 2025, junto con su anexo y el expediente administrativo completo que condujo al listado posterior.
El requerimiento incluye la propuesta formal del Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los documentos empleados para establecer los códigos postales. Si no hubiera más antecedentes, Hacienda deberá certificarlo expresamente.
La Audiencia Nacional ha fijado un plazo de 30 días para practicar esta prueba. La orden judicial llega después de que la propia Administración reconociera que la propuesta formal no constaba en el expediente de la resolución de febrero.
ACOM sostiene que Hacienda deberá ahora exhibir el soporte documental real de una medida que puede restringir importaciones y derivar en sanciones a empresas con actividad relacionada con las localidades incluidas en el listado.
La base de las sanciones, bajo revisión judicial
La asociación advierte de que la ausencia de un expediente completo y motivado podría dejar la resolución expuesta a una eventual anulación por falta de motivación, seguridad jurídica e igualdad.
Este procedimiento adquiere especial relevancia ante los avisos del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, sobre posibles expedientes a plataformas que mantengan anuncios de alojamientos situados en localidades incluidas en ese listado.
Las sanciones anunciadas podrían alcanzar los 100.000 euros o varias veces el beneficio obtenido, mientras la documentación que sustentó el listado continúa bajo examen judicial.
ACOM considera que el Gobierno no puede impulsar restricciones, amenazas de multa o expedientes sancionadores sin acreditar de forma transparente el expediente que las fundamenta. La entidad mantendrá su actuación judicial para reclamar que se restablezca la legalidad.