La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la querella por presunto acoso contra el ex alto cargo Paco Salazar

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha solicitado informe a la Fiscalía. Todo para que se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada contra el ex alto cargo de Moncloa.

Se trata de Francisco Salazar por un presunto delito de acoso sexual. La magistrada ha concedido un plazo de cinco días al Ministerio Público antes de adoptar una decisión judicial al respecto.

La querella fue interpuesta por la asociación Hazte Oír y no solo se dirige contra Salazar. También contra quien fuera su colaborador más cercano, Antonio Hernández.

Así como contra el actual delegado del Gobierno en Madrid y ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre. En estos dos últimos casos, la denuncia atribuye presuntos delitos de encubrimiento y de omisión del deber de perseguir delitos.

Según la providencia judicial, fechada el pasado viernes, la jueza solicita expresamente a la Fiscalía que informe. Que se pronuncie “sobre la admisión o inadmisión” de la querella, paso previo para determinar si se abre investigación penal.

En su escrito, Hazte Oír sostiene que Salazar habría mantenido durante años “un patrón continuado de conductas de contenido sexual”. Dirigidas a mujeres que se encontraban en una posición de subordinación laboral u organizativa.

La asociación considera que estos comportamientos se habrían producido aprovechando su posición de poder. Tanto dentro del PSOE como en el ámbito de la Presidencia del Gobierno.

La querella también apunta a una posible responsabilidad penal del PSOE como persona jurídica. La organización denunciante cuestiona la eficacia real de los protocolos internos contra el acoso sexual.

Pone en duda que existieran “vías reales y seguras de denuncia” para las presuntas víctimas. Asimismo, reclama que se investigue si la formación política actuó con la diligencia debida tras recibir posibles advertencias.

Hazte Oír subraya que las denuncias habrían permanecido sin respuesta en el canal antiacoso del PSOE. Todo durante cerca de cinco meses, lo que, a su juicio, evidencia que las medidas adoptadas fueron claramente insuficientes. Incluso sostiene que podrían haberse producido actuaciones destinadas a evitar la apertura de un procedimiento penal contra Salazar.

En este contexto, la querella señala directamente a Antonio Hernández y a Francisco Martín Aguirre. A estos les atribuye un presunto uso de sus cargos para obstaculizar cualquier investigación y evitar que los hechos trascendieran. La decisión final sobre la admisión de la querella dependerá ahora del criterio que adopte la Fiscalía en los próximos días.