Uno de los nombres que adquiere especial relevancia en las pesquisas es el de Leire Díez, exmilitante socialista
La investigación sobre las presuntas cloacas de Ferraz afronta un nuevo escenario después de que Anticorrupción haya señalado la posible responsabilidad penal del PSOE.
La Fiscalía no limita sus pesquisas a los implicados a título individual y contempla que los hechos investigados puedan terminar afectando también a la formación como persona jurídica.
El caso, instruido en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, analiza una serie de actuaciones que supuestamente buscaban favorecer los intereses del partido frente a diferentes procedimientos judiciales.
Uno de los elementos que ahora adquiere especial importancia es la financiación de esas operaciones. Los investigadores siguen el rastro de pagos que habrían sido realizados mediante personas próximas al partido y distintas sociedades.
La utilización de intermediarios y despachos de abogados forma parte de las líneas que examina Anticorrupción para determinar de dónde procedían los fondos y quién decidía el destino de las cantidades investigadas.
La Fiscalía también dirige su atención hacia los responsables políticos que pudieron conocer o facilitar esas actuaciones. En este punto aparece la etapa en la que Santos Cerdán ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE.
Cerdán figura como investigado en la causa y los investigadores pretenden aclarar qué grado de conocimiento pudo tener sobre las operaciones que se desarrollaban desde el entorno de la formación.
El nombre de Leire Díez aparece igualmente entre los principales focos de las diligencias. La exmilitante socialista habría mantenido una relación económica con el entorno de Ferraz mientras realizaba determinadas gestiones que ahora están siendo examinadas.
Anticorrupción trata de averiguar si aquellas actuaciones respondían a iniciativas personales o si formaban parte de una estrategia coordinada para favorecer al PSOE y a personas vinculadas con su dirección.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para investigar la posible implicación de personas que accedieron a cargos durante la etapa de Cerdán al frente de la organización socialista.
El alcance de estas pesquisas será determinante para establecer si las actuaciones fueron conocidas o autorizadas por responsables del partido y si pueden atribuirse responsabilidades a la propia organización.
La eventual imputación del PSOE como persona jurídica no está todavía decidida, pero aparece ya sobre la mesa dentro de la investigación. El avance de las diligencias será clave para determinar si los indicios se consolidan.
El juez Pedraz deberá valorar ahora las pruebas reunidas y las nuevas líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público. La causa continúa en fase de instrucción y todavía quedan diligencias por practicar.
Anticorrupción analiza especialmente la conexión entre los pagos, los intermediarios y las personas que habrían participado en las actuaciones investigadas para reconstruir cómo funcionaba la presunta estructura.
La investigación pretende determinar también si los recursos empleados procedían directa o indirectamente del entorno socialista y quién asumía la responsabilidad de poner en marcha cada operación.
De confirmarse las sospechas de la Fiscalía, el caso podría trascender la responsabilidad individual de los investigados y alcanzar por primera vez de forma directa al PSOE como organización.
Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre la imputación del partido. Será la evolución de la instrucción y la valoración judicial de los indicios la que determine los siguientes pasos.
