AF y APIF alertan de coacciones desde la Fiscalía, listas negras y consecuencias penales si secundan el paro
La tensión sube en la Fiscalía antes de la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra la “ley Bolaños” impulsada por el Gobierno. Las asociaciones AF y APIF denuncian presiones internas desde la Fiscalía General del Estado por secundar el paro.
Temen represión disciplinaria, “listas negras” e incluso responsabilidad penal por ejercer su derecho legal. Diversos fiscales jefes han advertido de “responsabilidad individual” si se interrumpe servicio público.
En Madrid, la fiscal jefe Pilar Rodríguez pidió informar de “incidencias” durante el paro. AF y APIF recurren al fiscal general Ortiz, acusándolo de cercenar el derecho de huelga.
Recuerdan que él defendía este derecho cuando presidía la UPF en 2018. Fiscalía exige reportes constantes de incidencias a inspección, según el comunicado interno.
Podrían imputarse a superiores por prevaricación o delitos penales (art.315 y 542 CP). Disponen servicios mínimos esenciales para garantizar detenidos, medidas cautelares y urgencias.
Excluyen de mínimos los juicios leves sin detenido o juicios rápidos. Atenderán solo casos con riesgo grave: familia, violencia género y derechos fundamentales.
Juzgados decanos coordinarán asuntos urgentes y guardias durante el paro. Las asociaciones defienden la huelga como protesta legítima frente a la deriva política.
El CGPJ ya declaró que la huelga carece de respaldo legal, pero las asociaciones mantienen la convocatoria. Cientos protestaron frente al Supremo contra la “ley Bolaños” el pasado fin de semana.
Asociaciones piden retirar proyectos que modifican acceso y estructura del Ministerio Fiscal. Bolaños defiende la ley y la modernización del sistema, negando intención de vulnerar independencia.
El Ministerio exigió al CGPJ pronunciarse para descontar sueldos de huelguistas. CGPJ convocó pleno extraordinario y consideró que no puede ni fijar servicios mínimos ni decretar sanciones.
Se interioriza un pulso entre Justicia y los sindicatos judiciales por nuevas reformas laborales y estructurales. APIF pide dimisión de fiscal general Ortiz por presunta filtración de datos al Supremo.
También exigen sanción para Pilar Rodríguez como corresponsable de filtraciones. PP apoya la huelga y subraya el riesgo de control del Ejecutivo sobre la justicia.
Abogacía madrileña advierte de “colisión” institucional con el Gobierno. El paro de fiscales y jueces del 1 al 3 de julio desafía al Gobierno por reformas sobre poder judicial.
En juego están la independencia judicial y el equilibrio de poderes del Estado. El desenlace puede marcar precedentes en derecho laboral de la función pública judicial.
La fiscalía no cedió sobre servicios mínimos y advierte de consecuencias si se incide en su ejercicio. La huelga arrancará este martes con atención urgente garantizada y alerta máxima sobre presiones.
