Los testigos han reconocido ante el juez que no existe un protocolo de borrado de mensajes en la Fiscalía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vuelve a estar contra las cuerdas tras los nuevos datos de los testigos. Esta vez ha sido el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, quien ha revelado una nueva información.
También ha declarado en calidad de testigo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Todo en el marco de la causa dirigida contra el fiscal general del Estado.
La nueva declaración del delegado digital de la Fiscalía de Madrid, desmentiría la versión difundida por fuentes de la Fiscalía General del Estado. De confirmarse el extremo expuesto por ambos testigos, García Ortiz no podrá justificar por qué se procedió al borrado de los mismos.
Hay que recordar que la UCO incluyó en uno de sus informes que se habían encontrado "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería. Unos datos extraídos del volcado del dispositivo móvil del fiscal general García Ortiz.
Un terminal que fue incautado por la Guardia Civil durante el registro de su despacho. Poco después, los investigadores constataron que el máximo representante del Ministerio Público había cambiado de terminal móvil cinco días antes del registro de su despacho.
Es decir, una semana después de que el Tribunal Supremo abriese causa contra él.
La investigación del magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general Álvaro García Ortiz sigue su curso en el Tribunal Supremo. Este jueves, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, ratificó su testimonio ante el Supremo, ampliando detalles relevantes del caso.
En su declaración, Lastra reiteró que la prensa publicó información confidencial que únicamente podía proceder de la propia Fiscalía.
La fiscal explicó que participó en la redacción de una nota informativa para desmentir "errores" difundidos sobre el caso de González Amador.
Sin embargo, aseguró que no se hace responsable del contenido, señalando que incluía datos confidenciales que no deberían haberse publicado.
Lastra detalló una conversación mantenida el 14 de marzo con el fiscal general tras leer noticias sobre un correo enviado al fiscal Julián Salto. Según Lastra, al preguntar si él filtró la información, García Ortiz respondió: "Eso ahora no importa", evitando una aclaración directa.
Ese mismo día, Lastra notó que la prensa tenía acceso a datos no compartidos ni con la defensa del investigado ni con Decanato. Por ello, insistió en que la filtración solo pudo originarse desde la Fiscalía, aumentando las sospechas contra García Ortiz.
El fiscal de delitos económicos, Julián Salto, también compareció este jueves para aportar datos clave al desarrollo de la investigación. Salto está al frente del caso contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos económicos y fiscales.
La investigación busca determinar si García Ortiz filtró información confidencial, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos.
El próximo 29 de enero, García Ortiz deberá comparecer ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado por estas acusaciones.
La controversia también ha provocado reacciones políticas, con el ministro Félix Bolaños cuestionando la solidez de las pruebas presentadas. Bolaños criticó el auto del juez Hurtado, sugiriendo que las acusaciones contra el fiscal general carecen de fundamento sólido.
En paralelo, se han planteado sospechas sobre presuntas comisiones vinculadas al novio de Ayuso y una directiva del Grupo Quirón.
Este caso ha puesto a la Fiscalía en el ojo del huracán, generando debates sobre transparencia y ética en las instituciones judiciales.
