El Fiscal General se aferra al cargo y no dimite tras ser imputado por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido no renunciar a su cargo a pesar de haber sido imputado por el Tribunal Supremo. Esto, en relación con el caso del novio de Ayuso.

Las principales asociaciones de fiscales han solicitado su dimisión, argumentando que ha "perdido completamente su autoridad". En respuesta, García Ortiz ha emitido un comunicado en el que convoca una Junta de Fiscales para informarles sobre su decisión. Además, proporcionar las explicaciones pertinentes y escuchar las opiniones de los integrantes de los órganos de asesoramiento y consulta del Fiscal General del Estado.

A continuación, el comunicado íntegro del fiscal general tras la apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo:

La apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo exige la máxima prudencia en las declaraciones del fiscal general del Estado para evitar que se interpreten como una interferencia en el proceso o una influencia sobre los magistrados de este Tribunal. Sin embargo, la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española.

Continúa:

Nos encontramos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se enmarca en las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomiendan a este órgano de relevancia constitucional. El ordenamiento jurídico asigna a la Fiscalía la función de informar sobre asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, especialmente en un caso como este en el que la difusión de bulos o falsedades comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes. La condición de investigado permitirá al fiscal general del Estado ejercer plenamente su derecho de defensa, dado que hasta ahora la investigación judicial se ha desarrollado sin que haya podido hacerlo.