El fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Álvaro García Ortiz ha comunicado al Gobierno su decisión y lo ha hecho después de ser condenado por el Tribunal Supremo. La sentencia lo inhabilita durante dos años para ejercer el cargo.
El fallo llegó el pasado jueves. El delito señalado es revelación de secretos. Con este paso, se adelanta a que la pena sea efectiva.
La renuncia marca un punto político y judicial relevante. También abre un nuevo escenario institucional.
García Ortiz remitió una carta al ministro de Justicia. En el texto expresó su respeto a la Justicia, dirigido el escrito a Félix Bolaños. En la carta habla de “profundo respeto a las resoluciones judiciales”.
Señala que ahora es “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”. Su salida se presenta como un acto de responsabilidad. Refuerza la idea de preservar la imagen de la Fiscalía.
El ya ex fiscal general insistió en que siempre actuó con lealtad y defendió su papel al frente del organismo. Aseguró haber trabajado para “proteger a la Fiscalía española”. Reconoció que la renuncia se produce por el fallo judicial y subrayó su convicción de haber “servido fielmente a la institución”.
Expresó orgullo por haber formado parte de ella. También habló de vocación de servicio público y evocó sentido del deber. Reiteró su compromiso con la lealtad institucional, y su discurso busca sostener su legado y también intenta aislar el daño reputacional.
