Álvaro García Ortiz ha enviado una carta a Félix Bolaños acatando la "resolución judicial"
El fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Álvaro García Ortiz ha comunicado al Gobierno su decisión y lo ha hecho después de ser condenado por el Tribunal Supremo. La sentencia lo inhabilita durante dos años para ejercer el cargo.
El fallo llegó el pasado jueves. El delito señalado es revelación de secretos. Con este paso, se adelanta a que la pena sea efectiva.
La renuncia marca un punto político y judicial relevante. También abre un nuevo escenario institucional.
García Ortiz remitió una carta al ministro de Justicia. En el texto expresó su respeto a la Justicia, dirigido el escrito a Félix Bolaños. En la carta habla de “profundo respeto a las resoluciones judiciales”.
Señala que ahora es “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”. Su salida se presenta como un acto de responsabilidad. Refuerza la idea de preservar la imagen de la Fiscalía.
El ya ex fiscal general insistió en que siempre actuó con lealtad y defendió su papel al frente del organismo. Aseguró haber trabajado para “proteger a la Fiscalía española”. Reconoció que la renuncia se produce por el fallo judicial y subrayó su convicción de haber “servido fielmente a la institución”.
Expresó orgullo por haber formado parte de ella. También habló de vocación de servicio público y evocó sentido del deber. Reiteró su compromiso con la lealtad institucional, y su discurso busca sostener su legado y también intenta aislar el daño reputacional.
Ahora el Consejo de Ministros debe aceptar la dimisión. Es el siguiente paso legal, y tras ello, la renuncia se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento será oficial, y después comenzará el proceso para nombrar un sustituto.
El Gobierno deberá escoger un nuevo perfil. El cargo queda temporalmente en transición. La Fiscalía entra en una etapa incierta.
El presidente del Gobierno se pronunció sobre la sentencia. Pedro Sánchez habló el domingo y dijo que respetan la decisión del Tribunal Supremo, pero mostró su discrepancia. Recordó que nunca ha dicho que controlarán “la sala segunda del Tribunal por la puerta de atrás”.
Afirmó que otros partidos sí lo han dicho. Defendió públicamente a García Ortiz y declaró creer en su inocencia. Recalcó que periodistas con experiencia señalan que el fiscal no fue el origen de las filtraciones.
También mencionó la acusación de González Amador recordando su relación con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sus palabras elevan la tensión política.
La oposición ya exige explicaciones mientras el debate se proyecta sobre la independencia judicial. También sobre el uso político de la justicia.
La dimisión del fiscal general del Estado marca un punto de inflexión. Afecta al Gobierno y a la Fiscalía. También al clima institucional.
