La 'financiación privada' que obtuvo el PSOE en tiempos de Aldama desata la polémica

El PSOE ha visto incrementada su "financiación privada" como muestran los documentos. Casi 5 millones más en el mismo periodo temporal en que, según Aldama, una parte de las comisiones ilegales que pagó a miembros del Gobierno. Unos pagos que sirvieron, según el empresario, para inyectar fondos en la formación política. 

El documento, publicado por el diario El Debate, ha creado un gran revuelo en las redes sociales. En concreto, en el año 2023 el PSOE ingresó un total de 29,5 millones de euros entre las cuotas de los afiliados, aportaciones de cargos públicos y donaciones. Sin embargo, hay un dato que resalta por encima de todos. 

En comparación a los del año anterior, destaca un ingreso extraordinario de cinco millones de euros. En concreto, en la partida denominada 'Productos de actividades propias'. Es decir, el PSOE pasó de recibir 10.101,08 euros en 2022 a 5.712.164,16 euros.

Esta información ha recibido varios comentarios en las redes sociales de muchos que tildan de "escándalo" esta información. Además, hay quienes califican de "mafia" al PSOE. 

El descubrimiento del juez que investiga a Aldama que involucra a cargos de Sánchez

Supuestamente, ha detectado la desaparición de mensajes de WhatsApp en el teléfono del empresario. Según el medio, habrían sido enviados por altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los especialistas en informática de la Audiencia Nacional han informado al magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5. Han avisado de que varios mensajes del móvil de Aldama no están accesibles debido a "un problema de claves". El empresario, por su parte, sostuvo que su dispositivo contenía información de gran relevancia sobre el PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva meses examinando los dispositivos electrónicos incautados en los registros judiciales relacionados con Víctor de Aldama. Uno de estos análisis, recogido en un informe incluido en el sumario del caso Koldo, supuestamente reveló que el empresario mantenía vínculos con figuras influyentes tanto en instituciones españolas como extranjeras.

Además, la investigación determinó que Aldama desempeñaba tareas de carácter diplomático para el Gobierno de Pedro Sánchez sin formar parte del cuerpo oficial. Los agentes también concluyeron que su nivel de acceso y penetración dentro de la Administración General del Estado era significativo.

Este descubrimiento mencionado, ya fue mencionada por el propio Aldama, como se ha mencionado anteriormente. En un documento remitido a los juzgados al que tuvo acceso esta casa, se muestra el interés de Aldama por seguir colaborando con la Justicia.

Piden al juez citar a la mujer que dijo llevar 90.000 euros a Ferraz

El juez Moreno, quien dirige la investigación, inicialmente rechazó citar a ambas, pues sus declaraciones contradecían un informe policial basado en evidencias digitales. Sin embargo, la sección segunda de lo Penal ha revocado esta decisión tras un recurso presentado por la acusación popular, el partido Iustitia Europa. Esta nueva orden subraya que las declaraciones de Pano y su hija pueden resultar clave para el esclarecimiento de los hechos.

El caso gira en torno al cobro de comisiones ilícitas en contratos públicos de mascarillas durante 2020. Una trama que involucra a varios investigados, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, que está imputado en el Supremo. Según el recurso, las declaraciones de las testigos pueden arrojar información relevante sobre las conexiones con algunos de los principales investigados en la causa.

En octubre de 2020, Carmen Pano declaró en un medio digital que había sido encargada por el presunto intermediario Víctor de Aldama. Para llevar una importante suma de dinero a la sede del PSOE en Madrid.

Esta entrega de 90.000 euros habría estado vinculada a un intento de la empresa Villafuel de obtener la licencia de operador de hidrocarburos. La acusación de la mujer se presentó como una pieza clave en la investigación.

Sin embargo, el juez Moreno, al analizar las pruebas disponibles, encontró que el testimonio de Pano contradecía el informe policial que se había recabado de los dispositivos intervenidos. El informe digital apuntaba a que no había pruebas suficientes para corroborar las afirmaciones de la mujer.

Las declaraciones de Carmen Pano generaron gran revuelo. El PSOE respondió presentando una demanda de conciliación, argumentando que las afirmaciones eran infundadas. La formación política también planteó la posibilidad de presentar una querella por calumnias, aunque, por el momento, esta no ha sido formalizada.