Fin del juego para Garzón: El Supremo rechaza su ley

Garzón ha perdido el juego. El Tribunal Supremo ha anulado la Ley del Juego promovida por el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han atendido los recursos presentados contra varios artículos de este Real Decreto. Limitaba, entre otras cosas, la publicidad relacionada con la industria de los juegos de azar y apuestas en los medios de comunicación.

Los jueces sostienen que Alberto Garzón, a través de su decreto, ha "deslegalizado" la Ley de Regulación del Juego de 2011. Lo que anteriormente estaba regulado mediante una ley, ahora se regula mediante un reglamento simple posterior.

En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una medida para limitar la publicidad de las casas de apuestas en los medios. Específicamente, el gobierno de Pedro Sánchez restringió la difusión de contenido publicitario de este tipo en medios audiovisuales al horario de madrugada. 

Además, se establecieron límites para los patrocinios en eventos deportivos vinculados con la industria del juego y las apuestas. Aquellos que incumplan este nuevo marco normativo se enfrentarán a multas que oscilan entre los 100.000 y un millón de euros.

La Asociación Española de Juego Digital (Jdigital), la Asociación de Medios de Información (AMI) y otras entidades presentaron múltiples recursos ante el Tribunal Supremo para impugnar esta ley. Se preveía que provocaría una reducción significativa de los ingresos por publicidad.

La asociación del sector del juego resaltó el "impacto económico" de la medida. Argumentó que su magnitud desproporcionada podría dejar a los consumidores de esta actividad en una situación de indefensión y desprotección. Por otro lado, la asociación de la prensa fundamentó su recurso en la consideración de que la normativa era "discriminatoria" para los medios audiovisuales.

Según señalan los jueces, esta ley no está bien hecha. Esto es porque no debería restringir la publicidad que llega a los medios mediante un reglamento gubernamental.

El abogado del Estado alegó:

"La libertad de prensa no es un derecho absoluto y el juego es una actividad empresarial con una fuerte regulación del Estado".