EDATV Esta es la fecha fijada por el Supremo para el juicio del Fiscal General
La Sala de lo Penal analizará si reveló datos reservados vinculados a la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso
El Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, del cargo.
La Sala de lo Penal analizará si reveló datos reservados vinculados a la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. La acusación sostiene que el fiscal facilitó a un medio un correo remitido por el abogado del empresario el 2 de febrero de este año. Ese mensaje incluía una propuesta de reconocimiento de delitos fiscales y un planteamiento de acuerdo para cerrar la vía penal abierta.
La difusión presuntamente se produjo la noche del 13 de marzo, cuando se conoció el contenido por medio de una emisora de alcance estatal. El Supremo admitió las diligencias y determinó que los hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos con relevancia penal.
El tribunal ha citado a declarar a más de cuarenta testigos, entre ellos responsables vinculados al entorno del Gobierno y la Comunidad. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, figura en la lista como uno de los comparecientes requeridos por la Sala. También deberá acudir Juan Lobato, ex secretario general del PSOE madrileño, al considerarse su testimonio de interés para la causa.
Esta es la fecha fijada por el Supremo para el juicio del Fiscal General | Europa Press
El Supremo incorporó además a Francesc Vallés, antiguo secretario de Estado de Comunicación, dentro del grupo de testigos designados. Se sumará Pilar Fernández, ex asesora adscrita a Moncloa, cuyos datos aparecen entre los nombres autorizados por el tribunal instructor. Los magistrados encargados del enjuiciamiento son siete y, según fuentes jurídicas, la mayoría de ellos tiene perfil de orientación conservadora.
La defensa de García Ortiz mantiene que no hubo revelación ilícita y que la información difundida tenía relevancia pública comprobable. El abogado de González Amador, Carlos Neira, fue quien remitió el correo a la Fiscalía con la propuesta de reconocimiento de responsabilidad.
Ese ofrecimiento no impedirá que el empresario sea juzgado por delitos fiscales, al continuar vigente el proceso iniciado meses atrás. La filtración, de confirmarse, habría vulnerado la confidencialidad del procedimiento y las garantías procesales de la parte investigada. García Ortiz asumió el cargo de fiscal general del Estado tras ser propuesto por el Gobierno y aprobado conforme al marco constitucional.
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El procedimiento en el Supremo se abrió tras varias denuncias impulsadas por asociaciones profesionales y partidos de la oposición.
La causa se tramita en la Sala Segunda al ostentar el acusado la condición de aforado, lo que impide su enjuiciamiento por instancias menores. Las sesiones previstas ocuparán varios días y permitirán la intervención de las partes personadas y los testigos admitidos en la fase previa.
La Fiscalía del Supremo no se inhibirá pese a que el acusado encabeza el Ministerio Público, conforme a lo acordado en la instrucción. El tribunal podrá requerir documentación adicional si lo considera necesario para esclarecer el origen y la difusión del correo mencionado.
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