La polémica se remonta a 2022, cuando el Gobierno se negó a responder a varias preguntas escritas registradas en el Congreso
Las dudas jurídicas saltan en torno a la decisión del Gobierno de declarar materia secreta el papel del expresidente Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Expertos en derecho constitucional advierten de que el Ejecutivo podría haber incurrido en un posible fraude de ley.
Todo al ampararse en una normativa diseñada para proteger información financiera con el objetivo de eludir el control parlamentario sobre actuaciones de carácter político.
La polémica se remonta a marzo de 2022, cuando el Gobierno se negó a responder a varias preguntas escritas registradas en el Congreso por diputados del Partido Popular. En ellas se solicitaba información concreta sobre si Zapatero había sido encargado de mediar en el rescate de Plus Ultra. Si participó en reuniones relacionadas con la operación, dónde se celebraron y en calidad de qué intervino.
La respuesta del Ejecutivo fue declarar la información como materia reservada. Invocando el decreto que regula el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Sin embargo, tanto letrados de las Cortes como juristas independientes cuestionan la legalidad de esa decisión. Para el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa, el uso de esa norma podría encubrir “un fraude de ley”. Ya que la reserva prevista en el FASEE se refiere a información empresarial sensible y no a la identificación de personas que hayan podido intervenir en el proceso.
Tal y como recoge El ABC.
“El Gobierno parece haberse dotado de una norma de cobertura para incumplir una obligación constitucional de primer orden: permitir el control parlamentario”, sostiene.
En la misma línea se pronuncia el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal. Considera que conocer si un expresidente del Gobierno participó o no en gestiones relacionadas con un rescate público es una información de claro interés público.
“El carácter reservado puede afectar a datos propios de la empresa beneficiaria, pero no a las personas que hayan intervenido, y menos aún si se trata de un expresidente”, subraya.
A su juicio, el Ejecutivo “no responde a lo que se le pregunta”, algo incompatible con las exigencias constitucionales.
La Constitución y el Reglamento del Congreso obligan al Gobierno a contestar de forma efectiva a las preguntas parlamentarias. De hecho, el Tribunal Constitucional ha establecido que no basta con una respuesta genérica o evasiva.
En este sentido, el profesor Ibor Fernandes Romero recuerda el derecho de los diputados a obtener información. Esto forma parte del llamado ius in officium del artículo 23 de la Constitución y que cualquier limitación debe superar un estricto juicio de proporcionalidad.
“No está claro cuál es el interés público que justifica esta reserva. Más bien parece un interés personal coincidente con quienes están en el poder”, advierte.
Incluso en el supuesto de que la información estuviera legítimamente clasificada. Los expertos recuerdan que el Gobierno debería haber informado al menos a la Comisión de control de los gastos reservados del Congreso. Órgano habilitado para fiscalizar materias sensibles en sesiones a puerta cerrada.
El hecho de que el Ejecutivo no ofreciera esa vía refuerza, según juristas como Rafael Murillo, la percepción de un déficit de transparencia.
Mientras tanto, el Partido Popular ha registrado una nueva batería de preguntas para esclarecer el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Incluyendo sus contactos con el entonces ministro José Luis Ábalos y la posible intervención directa del presidente Pedro Sánchez.
Un pulso institucional que mantiene abierto el debate sobre los límites del secreto y el deber constitucional de rendir cuentas.
