Hay declaraciones que el tiempo no borra. En diciembre de 2018, con apenas medio año en el poder, Pedro Sánchez cargaba en el Senado contra el Gobierno de Mariano Rajoy por expulsar, a su juicio, a pocos inmigrantes en situación irregular. “Solo 8.600 en dos años”, reprochaba entonces, defendiendo abiertamente que había que endurecer las repatriaciones.
Aquel Sánchez exigía más control, más medios y más expulsiones. Incluso llegó a plantear que España debía triplicar esas cifras. No hablaba de regularizaciones ni de medidas extraordinarias, sino justo de lo contrario: de reforzar la política migratoria para frenar la inmigración ilegal.
De endurecer la política a abrir la puerta de par en par
Ocho años después, el mismo Gobierno impulsa una regularización masiva que podría beneficiar a hasta 800.000 personas, según cálculos de la AIReF. Un cambio de rumbo difícil de encajar con aquel discurso.
Donde antes había exigencias de expulsión, ahora hay medidas de integración masiva. Donde antes se hablaba de control, ahora se habla de flexibilizar requisitos. El giro no es menor: es un cambio completo de posición.
