El presidente destaca que España se sitúa actualmente entre las economías europeas con mayor crecimiento y generación de empleo
El Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros una medida para regularizar a alrededor de 800.000 personas extranjeras en situación irregular. Con motivo de esta iniciativa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la ciudadanía en la que defiende la decisión y la ha difundido a través de sus redes sociales.
En esa misiva, el jefe del Ejecutivo subraya la importancia de la inmigración para la economía del país y afirma que el crecimiento se explica, en buena parte, por su aportación. «La economía crece gracias a los inmigrantes», señala.
Sánchez advierte de que, sin la incorporación de nuevos trabajadores que coticen, se verían afectados aspectos clave como la sostenibilidad del sistema productivo, la innovación y el mantenimiento de los servicios públicos, entre ellos la sanidad, la educación y las pensiones.
Asimismo, el presidente destaca que España se sitúa actualmente entre las economías europeas con mayor crecimiento y generación de empleo, algo que atribuye al papel de la población migrante. Según defiende, este fenómeno beneficia tanto a quienes llegan desde el extranjero como a la sociedad española en su conjunto.
De esta manera, estaría ignorando los avisos del sector policial. Según denuncian en el cuerpo, esta situación podría suponer un "balón de oxígeno" para las mafias del tráfico de personas y drogas.
El sindicato policial Jupol advierte de que el acuerdo puede tener consecuencias no deseadas, entre ellas el incentivo a nuevos flujos migratorios.
A su juicio, las redes criminales aprovecharán la medida como una herramienta de captación. Posteriormente difundiendo la idea de futuras regularizaciones para empujar a muchas personas a iniciar desplazamientos de alto riesgo, de los que obtienen beneficios económicos.
Además de este posible efecto, la organización alerta del impacto directo que la regularización tendría en el funcionamiento interno de la Policía.
En especial, las unidades de Extranjería y Fronteras se verían obligadas a asumir un volumen elevado de gestiones administrativas. Por ejemplo, la comprobación de identidades, el análisis de expedientes o la concesión de permisos de residencia. Una carga adicional que recaería sobre unos servicios que, según señalan, ya operan al límite en la mayoría del país.
