Un exconcejal del PSOE rompe a llorar en el juicio de los ERE tras confesar el fraude de 34 millones de euros
El exedil socialista rompe a llorar tras confesar el fraude de los ERE
porJose Andres Jorge Barceló
politica
El empresario y exedil socialista José María Sayago admite su participación en el caso de las ayudas irregulares
El juicio por una de las piezas separadas del caso de los ERE vivió este miércoles un momento de gran carga emocional cuando el empresario y exconcejal socialista José María Sayago rompió a llorar en plena sala tras reconocer su participación en un fraude millonario relacionado con ayudas públicas concedidas por la Junta de Andalucía.
La escena tuvo lugar al final de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Sevilla. Antes de que el tribunal de la Sección Primera diera el proceso por visto para sentencia, Sayago pidió la palabra para dirigirse a los magistrados y agradecer el trabajo realizado durante el largo procedimiento judicial.
Visiblemente afectado, el acusado expresó su gratitud al tribunal, a su abogado y a Dios.
Doy las gracias a la Sala por el trabajo realizado, a Dios por permitirme estar aquí después de tantos años, que descansen en paz los fallecidos, y gracias a mi letrado por su trabajo.
Tras pronunciar estas palabras, Sayago no pudo contener la emoción y rompió a llorar ante los presentes. Al salir del edificio judicial, se fundió en un abrazo con su madre y su esposa.
El exconcejal socialista José María Sayago rompió a llorar en plena sala
Confesión del fraude en los ERE
Durante la apertura del juicio, el exconcejal ya había reconocido su implicación en los hechos investigados y manifestó sentirse “avergonzado” por haber colaborado en un fraude que alcanzó los 34,2 millones de euros.
Ese reconocimiento de los hechos ha provocado un cambio en la postura de las acusaciones. La Fiscalía, junto con las acusaciones ejercidas por el Partido Popular en Andalucía y por la propia Junta andaluza, decidió rebajar la pena solicitada.
En un primer momento se reclamaban seis años de prisión por su papel como cooperador necesario en un delito de malversación. Tras su confesión, la petición se redujo a tres años de cárcel.
Sayago se sentó en el banquillo junto a otros dos procesados dentro de una de las múltiples piezas separadas de la macrocausa de los ERE, centrada en las ayudas públicas concedidas presuntamente de forma irregular a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
El entramado empresarial
Según la investigación judicial, el entramado empresarial se originó en varias sociedades constituidas por Sayago junto al empresario ya fallecido José Enrique Rosendo, ambos antiguos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de El Pedroso.
Entre 2002 y 2007, cerca de una veintena de empresas vinculadas al Matadero de la Sierra Morena SA recibieron subvenciones públicas por un valor total de 34,2 millones de euros.
Las investigaciones sostienen que esas ayudas se habrían obtenido gracias a la relación de Rosendo con el entonces director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero, quien también había sido alcalde socialista de El Pedroso y falleció en 2020.
La defensa busca rebajar aún más la condena
En su informe final, la defensa de Sayago solicitó la anulación del delito de estafa que le atribuye el BBVA. La entidad financiera reclama para el acusado una condena total de 14 años de prisión, ocho por estafa y seis por malversación.
El abogado sostiene que el delito de estafa habría prescrito, ya que los hechos se remontan a abril de 2006 y la causa penal no se dirigió contra su cliente hasta una década después.
Además, la defensa argumenta que la operación bancaria investigada se realizó “sin recurso”, lo que implicaría que la entidad asumió voluntariamente el riesgo financiero. Según su versión, la operación generó incluso un beneficio cercano a 300.000 euros para el banco.
El letrado también apeló a las consecuencias personales del proceso judicial, que se ha prolongado durante 14 años. Durante ese tiempo, Sayago tuvo el pasaporte retirado, comparecencias periódicas ante el juzgado y todos sus bienes embargados.
Estas restricciones, afirmó la defensa, provocaron una auténtica “muerte civil económica” para el acusado. Por ello solicita que se apliquen varias atenuantes y que, en caso de condena, se reduzca al mínimo legal de tres meses y once días de prisión.
Con los informes finales presentados, el tribunal ha dejado la causa vista para sentencia, poniendo fin a una vista marcada por la confesión del acusado y un desenlace cargado de emoción.
