
La estrategia del PSOE para retrasar el juicio del hermano de Sánchez
El tiempo corre y la estrategia parece surtir efecto: el proceso se ralentiza, el ruido baja y el calendario político sigue avanzando
La renuncia de Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz ha reavivado las sospechas en torno al caso que afecta a David Sánchez.
Gallardo, referente del PSOE en Extremadura, tomó posesión como diputado autonómico días después de dimitir de su anterior cargo.
Este movimiento político le otorga aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que modifica la vía judicial de su caso.
El asunto no es menor: se investiga la creación de una plaza pública adjudicada en 2017 al hermano del presidente del Gobierno.

La jueza instructora, Beatriz Biedma, ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias. Ya ha emitido un auto de apertura de juicio oral.
Sin embargo, con el nuevo cargo de Gallardo, la defensa solicita que la causa sea elevada al TSJ. Alegando que su juzgado ya no tiene competencia.
En paralelo, la jueza ha requerido a la Asamblea de Extremadura los documentos que acrediten la condición de diputado del socialista.
Solo entonces podrá elevar exposición razonada al TSJ, justificando el traslado de la causa por la relación directa entre ambos acusados.
David Sánchez ha defendido públicamente que accedió al puesto por mérito propio, respondiendo a una oferta de empleo publicada en internet.
Pese a ello, el juzgado considera que la plaza pudo diseñarse a medida y adjudicarse de forma irregular, favoreciendo directamente al músico.
Desde la oposición no han tardado en ver la maniobra como una estrategia para demorar el proceso y, con ello, diluir su impacto político.

De hecho, la defensa de Gallardo ya ha solicitado la nulidad del auto dictado por la jueza instructora al considerar que se excedió en su competencia.
Lo llamativo es que en enero, el propio Gallardo negó en una entrevista que fuera a buscar un aforamiento. Meses después, ha ocurrido justo eso.
En respuesta a las críticas, el político ha planteado reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados regionales.
La propuesta, que podría sonar regeneradora, ha sido recibida con recelo. Muchos la ven como un intento de desviar la atención pública.
Mientras tanto, el caso continúa atascado en trámites legales que podrían aplazar el juicio hasta ocho meses, según estimaciones jurídicas.
El tiempo corre y la estrategia parece surtir efecto: el proceso se ralentiza, el ruido baja y el calendario político sigue avanzando.
Algunos juristas advierten que separar la causa entre aforados y no aforados puede complicar más el procedimiento y su resolución conjunta.
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