La estrategia del hermano de Sánchez para librarse de la investigación judicial

El hermano del presidente del Gobierno ha solicitado el archivo de la causa en su contra por presuntos delitos contra la  Hacienda Pública y la  Administración. Esta petición fue presentada ante la magistrada Beatriz Biedma del juzgado de Badajoz.

Además, ha solicitado no declarar como imputado el próximo 9 de enero, adhiriéndose a la solicitud de la Fiscalía. En el escrito presentado por su defensa, se destaca que la postura del Ministerio Público es "impecable" y se pide la revocación de la imputación.

Hace dos semanas, la jueza Beatriz Biedma citó a  David Sánchez y al presidente de la  Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Gallardo. También, a varios cargos de la Diputación en calidad de investigados. La causa surgió tras un informe de la UCO que señalaba posibles irregularidades en la creación de un puesto para el hermano de Sánchez en la administración pública.

En el escrito presentado por Sánchez Pérez-Castejón, publicado por El Mundo, se menciona que los hechos investigados carecen de relación, basándose en la jurisprudencia vigente. Además, el recurso apoyado por la Fiscalía resalta que la decisión de la jueza podría generar indefensión en los implicados.

La Fiscalía ha expresado su desacuerdo con la decisión de la jueza,  argumentando que no existen pruebas concretas que individualicen los delitos cometidos por cada uno de los investigados. Esto refuerza la solicitud de archivo de la causa, ya que, según el Ministerio Público, no hay indicios claros de delito que justifiquen la imputación de los acusados.

El informe de la UCO revela que el puesto de trabajo creado para David Sánchez fue gestionado de manera urgente. Esto, a pesar de las críticas sobre la excesiva plantilla en el área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Según los investigadores, la creación del puesto parece haber respondido a un interés específico, lo que alimenta las sospechas de tráfico de influencias.

El caso se centra en la posible creación de un puesto para el hermano del presidente del Gobierno. Los investigadores  afirman que este puesto se creó sin justificación aparente y en un tiempo récord,  lo que generó dudas sobre la legalidad de la operación.

El fiscal ha insistido en que la jueza no  ha especificado qué delitos se imputan a los investigados ni los comportamientos concretos de cada uno de ellos. La falta de estos detalles podría vulnerar los derechos de defensa de los implicados, según el Ministerio Público.

La investigación continúa con una serie de actuaciones, incluidas inspecciones de la UCO en la Diputación de Badajoz y el análisis de correos electrónicos relevantes. El caso aún está en desarrollo, y se espera que el 9 de enero los implicados, incluido David Sánchez, comparezcan ante la jueza.

Este proceso judicial ha generado gran interés mediático, especialmente debido a la posición política de Sánchez y la vinculación de su hermano con el caso. La evolución del caso podría tener repercusiones tanto judiciales como políticas si se confirman las acusaciones.