La estrategia del Gobierno para proteger al Fiscal General
La estrategia oficial es resistir con el discurso del acoso judicial
porRafael Alejandro Escalona
politica
El Ejecutivo cree que ceder significaría dar la razón a lo que llaman “golpe judicial” contra Pedro Sánchez
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El Gobierno ha desatado una ofensiva sin precedentes tras el procesamiento del fiscal general por el Supremo. Álvaro García Ortiz ha sido acusado formalmente por un presunto delito de revelación de secretos cometido en febrero.
El juez Ángel Hurtado cree que García Ortiz y Pilar Rodríguez filtraron un correo clave sobre la pareja de Ayuso. Se trataría de una confesión del abogado del novio de la presidenta madrileña sobre posibles delitos fiscales.
Nunca antes un fiscal general en activo había sido procesado en democracia por el Tribunal Supremo. La decisión de Hurtado ha sacudido los cimientos del Ministerio Público y desatado una crisis institucional.
En Moncloa descartan una dimisión: el Gobierno sostiene al fiscal general hasta las últimas consecuencias. El Ejecutivo cree que ceder significaría dar la razón a lo que llaman “golpe judicial” contra Pedro Sánchez.
El juez instructor sostiene que la filtración vulneró derechos fundamentales por presiones de Presidencia. Según la investigación, la revelación buscaba “ganar el relato” frente a Ayuso y frenar su ofensiva mediática.
El futuro de García Ortiz pende de un hilo, pero su caída sería una bomba de relojería para el Ejecutivo. La continuidad del fiscal general podría suponer una creciente presión interna y desgaste institucional.
Se cumplen siete años de aquel viernes negro para la historia de España
Una eventual dimisión abriría una brecha en el sistema judicial con altos costes políticos para Sánchez. Moncloa no quiere dar ese paso: el objetivo es resistir y transformar al fiscal en víctima del lawfare.
Este lunes se ha cruzado una línea inédita en la historia democrática de España entre Gobierno y jueces. Pedro Sánchez ha deslizado desde hace meses que parte de la judicatura actúa en sintonía con la oposición.
Insiste en que hay vínculos entre la derecha judicial, mediática y política que buscan derrocarle a cualquier precio. Desde el Gobierno se acusa a “fontaneros” de Ayuso de manipular a jueces con cartas marcadas.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, respondió defendiendo a los jueces ante las insinuaciones del Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial rechaza que se hable de lawfare sin pruebas y pide respeto institucional.
García Ortiz está contra las cuerdas
Pero el Ejecutivo insiste: “Los jueces critican al Gobierno, nosotros también podemos criticarles”. Desde Moncloa aseguran que la separación de poderes no impide la interacción y el debate público.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha cargado duramente contra el juez Hurtado por su decisión. “Es grave que se lancen acusaciones sin pruebas, eso no es justicia, es política”, declaró Alegría.
El Ejecutivo denuncia una cacería judicial orquestada y apoya incondicionalmente a García Ortiz. La estrategia oficial es resistir con el discurso del acoso judicial desde sectores conservadores.
