El escándalo por los contratos de mascarillas salpica a exmiembros del Gobierno de Canarias, quienes han salido a defender su actuación. Antonio Olivera, jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, justificó las decisiones tomadas en la compra de material sanitario en pandemia.
Olivera, que era director del Servicio Canario de Salud, explicó que el mercado de suministros estaba colapsado y era difícil conseguir proveedores. Según Olivera, se recurrió a múltiples contactos para agilizar la compra de mascarillas y garantizar el abastecimiento en Canarias.
Afirmó que "no hubo trato de favor" en los contratos con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama del caso Koldo. El intermediario Víctor de Aldama habría tenido un papel clave en estos contratos, pero Olivera insiste en que todo se hizo de forma transparente.
El exdirector del Servicio Canario de Salud explicó que la empresa contactó directamente para ofrecer material sanitario durante la pandemia. Señaló que el responsable de la compañía, Íñigo Rotaeche, les informó que estaba entregando material a Puertos del Estado en Canarias.
Ante la urgencia, el Gobierno canario aprobó la compra de 2.750.000 mascarillas sin realizar un adelanto de dinero, según Olivera. Asegura que "todas las comprobaciones se hicieron" antes de firmar los contratos y que actuaron dentro de la legalidad vigente.
Otro implicado en el caso es Ricardo Pérez, ex viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, cuyo rol también está bajo la lupa. La polémica estalló tras revelarse que Soluciones de Gestión recibió millones en contratos en varias administraciones sin experiencia previa.
Antonio Olivera era director del Servicio Canario de Salud hoy mano derecha de Ángel Víctor Torres
El caso Koldo investiga una supuesta red de corrupción en la compra de mascarillas, con pagos inflados y presunto desvío de fondos públicos. La trama afecta a distintas administraciones y ha llevado a la detención de ex asesores del Ministerio de Transportes y empresarios.
Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro, ha defendido la gestión de su equipo durante la crisis sanitaria. El Gobierno de Canarias asegura que colaborará con la Justicia para esclarecer cualquier irregularidad detectada en estos contratos.
La investigación sigue abierta y podría derivar en nuevas imputaciones, conforme avancen las pesquisas de la Audiencia Nacional.
El exviceconsejero de Comunicación y Relaciones con los medios del Gobierno de Canarias, Ricardo Pérez
Víctor de Aldama ha optado por el silencio
El empresario se presentó ante la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas, pero se negó a responder a las preguntas de los diputados.
"Me voy a acoger a mi derecho a no declarar", fueron las únicas palabras que pronunció ante los representantes políticos. De Aldama ya había sido citado hace un mes. Pero la notificación no fue efectiva porque se encontraba en prisión provisional por otro caso de corrupción.
Su participación en la supuesta trama de comisiones ilegales lo ha convertido en una figura clave en las investigaciones judiciales en curso. Como intermediario de Soluciones de Gestión, empresa beneficiada con millonarios contratos de mascarillas, su testimonio es considerado crucial.
La comisión de investigación en el Parlamento canario busca esclarecer el papel de esta empresa en la adjudicación de contratos durante la pandemia. El silencio de De Aldama refuerza las sospechas sobre la opacidad en la gestión de estos contratos y el posible desvío de fondos públicos.
