El escándalo por los contratos de mascarillas salpica a exmiembros del Gobierno de Canarias, quienes han salido a defender su actuación. Antonio Olivera, jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, justificó las decisiones tomadas en la compra de material sanitario en pandemia.
Olivera, que era director del Servicio Canario de Salud, explicó que el mercado de suministros estaba colapsado y era difícil conseguir proveedores. Según Olivera, se recurrió a múltiples contactos para agilizar la compra de mascarillas y garantizar el abastecimiento en Canarias.
Afirmó que "no hubo trato de favor" en los contratos con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama del caso Koldo. El intermediario Víctor de Aldama habría tenido un papel clave en estos contratos, pero Olivera insiste en que todo se hizo de forma transparente.
El exdirector del Servicio Canario de Salud explicó que la empresa contactó directamente para ofrecer material sanitario durante la pandemia. Señaló que el responsable de la compañía, Íñigo Rotaeche, les informó que estaba entregando material a Puertos del Estado en Canarias.
Ante la urgencia, el Gobierno canario aprobó la compra de 2.750.000 mascarillas sin realizar un adelanto de dinero, según Olivera. Asegura que "todas las comprobaciones se hicieron" antes de firmar los contratos y que actuaron dentro de la legalidad vigente.
Otro implicado en el caso es Ricardo Pérez, ex viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, cuyo rol también está bajo la lupa. La polémica estalló tras revelarse que Soluciones de Gestión recibió millones en contratos en varias administraciones sin experiencia previa.
El caso Koldo investiga una supuesta red de corrupción en la compra de mascarillas, con pagos inflados y presunto desvío de fondos públicos. La trama afecta a distintas administraciones y ha llevado a la detención de ex asesores del Ministerio de Transportes y empresarios.
