Esto es lo que está buscando la UCO en la casa de Isabel Pardo de Vera

La UCO de la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en la vivienda de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Esto, como parte de las investigaciones del caso Koldo.

La operación, que tuvo lugar la mañana de este jueves, busca nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. Además, los agentes se han personado en otras localizaciones vinculadas al caso, ampliando el alcance de las pesquisas.

El caso Koldo, que lleva meses en el foco mediático, investiga una supuesta trama de corrupción ligada a la gestión de contratos durante la pandemia. En el centro de las acusaciones está Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, señalado por presuntamente manipular procesos de contratación.

Según un informe de la UCO, Pardo de Vera habría jugado un "papel determinante" en estas actividades. Lo que la ha situado como una figura clave en la investigación. La Audiencia Nacional ya la imputó en mayo de 2025  por posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

Durante el registro, los agentes han buscado documentos y dispositivos electrónicos que puedan aportar pruebas sobre las irregularidades. La UCO también ha investigado la posible implicación de Pardo de Vera en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco, una empresa pública vinculada al sector del transporte. Este movimiento, según los investigadores, podría estar relacionado con favores políticos dentro de la trama.

El caso ha generado gran controversia, ya que pone en cuestión la transparencia en la gestión de fondos públicos durante un periodo crítico. La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan nuevas detenciones o registros.

Por el momento, ni Pardo de Vera ni otros implicados han hecho declaraciones públicas sobre los últimos avances. La sociedad espera que el proceso judicial esclarezca los hechos y determine las responsabilidades en este escándalo que sigue sacudiendo la política española.

La operación de la UCO refleja el compromiso de las autoridades por combatir la corrupción. Sin embargo, también pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles en la administración pública para evitar casos similares en el futuro.