José Luis Ábalos tiene por delante un camino judicial escabroso
José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez, está contra las cuerdas. El pasado martes, en el Congreso de los Diputados se avanzó en la condición de aforado del que fue uno de los hombres de confianza del presidente del Gobierno de España.
El Congreso de los Diputados está a punto de retirar la inmunidad parlamentaria del exministro socialista para que sea investigado por presunto tráfico de influencias. Además, de cohecho, malversación y organización criminal en una trama corrupta.
En la misma que, supuestamente, que cobró comisiones millonarias en la venta de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia, en contratos con diversas administraciones públicas.
Ábalos, actualmente apartado de su grupo, será investigado por el Tribunal Supremo, que ha encontrado "bastantes" indicios de delitos por parte del exsecretario de Organización del PSOE. Esto, después de que todos los grupos parlamentarios acordaran aceptar el suplicatorio. La decisión será muy probablemente refrendada en el Pleno del Congreso el próximo miércoles 22.
El presidente de la comisión del Estatuto del Diputado, Manuel Cobo, del Partido Popular, ha confirmado la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Todos acordaron conceder "la autorización para dirigir el procedimiento penal" contra Ábalos.
Según ha explicado, todos han desestimado las alegaciones del exministro de Transportes. El que ayer pidió comparecer ante este órgano parlamentario, cuyos trabajos se desarrollan a puerta cerrada, para denunciar que es víctima de "una cacería política".
A diferencia de cualquier otro imputado, Ábalos goza de ciertas ventajas que le permiten moverse con cuidado.
El diputado se ha presentado ante el Tribunal Supremo de manera voluntaria y aún protegido por el aforamiento. Lo que le mantiene temporalmente a salvo de la revisión de su patrimonio y de otras medidas invasoras de derechos fundamentales. Estas, como el análisis de sus comunicaciones o el registro de sus propiedades.
La decisión de la comisión será ahora remitida a la Mesa del Congreso. Es quien que debe fijar la fecha en la que el Pleno de la Cámara debatirá el caso y se pronunciará en una votación. De acuerdo con el reglamento del Congreso, esa votación debe producirse en el primer pleno ordinario.
Algo que no se producirá hasta la segunda semana de febrero, no obstante, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podría decidir un adelanto. Hasta la fecha, en todos los suplicatorios, el Pleno ha confirmado el voto de la comisión.
Por ello se da por hecho que el suplicatorio que afecta a Ábalos será concedido. De esta manera, la Cámara levantará la inmunidad que protege al diputado y dará vía libre a que se le investigue.
Sin embargo, esto no tendrá consecuencias para la condición de parlamentario de Ábalos.
Seguirá manteniendo todos sus derechos como tal. Los diputados son suspendidos de sus derechos y deberes cuando se dicte auto de procesamiento firme. Y cuando el afectado se halle en situación de prisión preventiva y mientras dure esta o cuando se dicte una sentencia firme condenatoria.
Una sentencia que comporte dicha suspensión o implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria. El suplicatorio del exministro pasa a ser así el trigésimo cuarto que autoriza el Congreso.
