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Hombre de traje azul y corbata roja sostiene un vaso de agua mientras habla frente a dos micrófonos en un podio institucional
POLÍTICA

Este es el número dos de Torres que podría ser imputado

Las pesquisas sitúan a Antonio Olivera

Ángel Víctor Torres y sus relacione se encuentran en el foco. Las pesquisas en torno a la compra de mascarillas por 12 millones de euros para el Gobierno de Canarias sitúan a Antonio Olivera. Se trata del número dos de Torres que trabajó casi siete años como su principal colaborador. 

El último informe elaborado por la UCO señala que la oferta de Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama y Koldo, habría llegado a la Administración a través de Olivera. Además, habría supuestamente solicitado que se tramitara con rapidez.

En aquella etapa, Olivera ejercía como viceconsejero de Presidencia, y desde esa posición habría actuado como intermediario entre Aldama y los equipos técnicos encargados de evaluar la propuesta. Según el informe, también participó de forma activa en la búsqueda de soluciones a las objeciones planteadas acerca de la calidad del material.

Hombre de cabello corto y barba con gafas transparentes y traje gris sentado frente a una pared de madera

Otro punto relevante del documento es que su declaración ante la comisión de investigación del Congreso no coincidiría con la información recabada por los investigadores. Más concretamente, Olivera aseguró que Torres no conocía los detalles del contrato.

Sin embargo, de acuerdo con lo reflejado en el informe, ambos habrían conversado sobre aspectos concretos y el entonces presidente habría pedido agilizar los pagos. 

La presión a los funcionarios

Los mensajes incorporados por la UCO al caso Koldo revelan la presión de Ángel Víctor Torres sobre funcionarios en plena pandemia.

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática participó directamente en la gestión del contrato con Soluciones de Gestión. Esta empresa fue clave en la trama que obtuvo contratos públicos por más de 50 millones, doce de ellos del Gobierno de Canarias. Los investigadores destacan que ningún proveedor tuvo un acceso tan directo a la presidencia canaria como la firma de Víctor Aldama.

Los mensajes muestran cómo Torres pedía cerrar “rápido” el trato y acelerar pagos incluso sin verificar el material entregado. En una conversación con Koldo García, Torres llegó a amenazar a una funcionaria que frenaba el abono de los millones pactados. “O lo soluciona o la levanto por el aire”, escribió el entonces presidente canario al detectar retrasos en el pago de la operación.º

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